26 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 – NACIONAL. Un video viral en redes sociales ha expuesto un grave incidente de violencia y falta de civismo en la estación Zócalo-Tenochtitlán del Sistema de Transporte Colectivo Metro de la Ciudad de México. Una mujer, rápidamente apodada «Lady Metro», fue grabada agrediendo física y verbalmente a un oficial de la Policía Bancaria e Industrial (PBI). La confrontación escaló rápidamente desde un simple desacato a una orden de seguridad hasta el lanzamiento de insultos, empujones y patadas contra el elemento de seguridad, lo que ha generado un intenso debate público sobre los límites de la conducta en el transporte público.
La Causa de la Furia de Lady Metro
El conflicto se originó cuando los elementos de seguridad del Metro solicitaron a la mujer que se retirara del lugar para permitir el paso libre a los demás usuarios, ya que se encontraba bloqueando el flujo de personas en una zona crítica de la estación. En lugar de obedecer la indicación, la mujer arremetió con una serie de acciones violentas. En el video se le escucha gritar amenazas explícitas como: “¡Te dije que ibas a valer ve*!”, mientras golpea y patea al oficial. La presencia de un menor de edad, presuntamente su hijo, durante el altercado, añade una capa de complejidad al incidente.
El forcejeo entre la mujer y el policía alcanzó un punto de máxima tensión cuando el oficial, en medio del intento de contener la agresión, la tocó en el pecho. Esta acción provocó una reacción aún más agresiva de la mujer, quien gritó la frase que se ha vuelto viral y le ha dado su apodo: “¡No me agarres la chich#$!”. Este momento de la disputa no solo escaló la violencia, sino que también desató la pregunta crucial entre los usuarios y en los medios sobre el tipo de justicia que debe aplicarse en estos casos, dada la naturaleza de la agresión.
El Dilema Legal: Juez Cívico vs. Ministerio Público
El incidente de Lady Metro ha puesto sobre la mesa el marco legal que rige las conductas en el transporte público de la CDMX. De acuerdo con la Ley de Cultura Cívica, las conductas que alteran el orden público pero no constituyen delitos graves suelen ser atendidas por los juzgados cívicos. Sin embargo, la ley es clara: si durante una falta cívica hay agresiones físicas o amenazas que ponen en riesgo la integridad de los oficiales, el caso debe ser turnado al Ministerio Público para su investigación penal.
Esto se debe a que la agresión física y las amenazas configuran delitos graves como lesiones, resistencia a la autoridad o ataques a la autoridad. Específicamente, el artículo 287 del Código Penal de la CDMX establece sanciones por resistencia a particulares y ataques a la autoridad, lo que eleva el incidente de una simple falta administrativa a un asunto de carácter criminal. A pesar de la gravedad de la conducta y la evidencia del video, la mujer, acompañada del menor, logró retirarse tranquilamente de la estación Metro sin ser remitida ante ninguna autoridad, lo que ha generado críticas sobre la falta de justicia inmediata.
La Secretaría de Movilidad (Semovi) ha emitido un llamado a la ciudadanía para que se mantenga el respeto y el orden dentro del transporte público, al mismo tiempo que insta a reportar cualquier abuso o comportamiento agresivo. El caso de Lady Metro ilustra la vulnerabilidad de los oficiales de seguridad ante este tipo de agresiones y la necesidad de que la justicia actúe con firmeza. La polémica no solo es sobre la agresión en sí, sino sobre la impunidad percibida en el desenlace del altercado, donde la agresora pudo marcharse sin enfrentar consecuencias legales inmediatas.
