24 SEPTIEMBRE 2025-NACIONAL-La Conagua concluyó la demolición de una presa ilegal en el rancho “El Saucito”, propiedad del exgobernador de Chihuahua, César Duarte, marcando un avance significativo en la recuperación del recurso hídrico para productores locales. Durante la conferencia matutina de este miércoles, Efraín Morales, director general de la dependencia, detalló que la obra principal y cinco represas adicionales fueron desmontadas tras agotar todos los recursos legales, liberando aproximadamente 700 mil metros cúbicos de agua que eran retenidos de manera indebida. Morales destacó que esta acción representa un acto de justicia en favor de los productores medianos y pequeños de la región.
De acuerdo con las investigaciones, Duarte construyó las presas sin los permisos correspondientes, afectando el cauce natural del arroyo El Saucito, que desemboca en el río Agujas y posteriormente en el río Conchos y el río Bravo. Además de las presas, se detectaron pozos operando sin título de concesión, que fueron clausurados de inmediato. El funcionario subrayó que estas acciones demostraron un uso ilegal del agua que atentaba contra el interés social y el orden público, además de evidenciar un patrón de abuso de poder durante su administración.
Repercusiones legales y seguimiento
El procedimiento legal inició tras la notificación a Duarte el 26 de mayo y se vio interrumpido temporalmente por un amparo indirecto, revocado posteriormente por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal y Administrativa del Décimo Séptimo Circuito. El tribunal confirmó que los responsables carecían de concesión para utilizar aguas nacionales y que el municipio no tenía facultades para autorizar dichas obras. Morales aseguró que se presentarán procedimientos legales contra todos los involucrados, directa o indirectamente, para evitar que este tipo de abusos se repitan.
El caso también expone la vulnerabilidad de Chihuahua frente al cambio climático, un estado donde la escasez de agua es un problema crítico. La liberación del río permitirá a los productores retomar actividades agrícolas y ganaderas afectadas por la retención ilegal del recurso, lo que representa un alivio económico y social para las comunidades locales. Además, la acción de Conagua sienta un precedente en la supervisión y control de obras hidráulicas ilegales en todo el país.
Morales López enfatizó que el caso de Duarte es un ejemplo de cómo el poder político y económico fue utilizado para obtener beneficios personales durante el periodo neoliberal, afectando directamente a la población y al medio ambiente. “Se trata de hacer justicia y recuperar el control de un recurso esencial para todos los chihuahuenses”, puntualizó.
Este tipo de intervenciones son clave para prevenir conflictos por el agua en regiones áridas. La intervención de Conagua no solo corrige un acto ilegal, sino que contribuye a garantizar la sostenibilidad de los recursos naturales y la seguridad alimentaria en la región.
La demolición se realizó con la coordinación de autoridades locales y federales, garantizando que las obras se efectuaran sin poner en riesgo la integridad de los trabajadores ni de los ecosistemas cercanos. Con esto, se busca establecer un modelo de intervención que pueda replicarse en otros casos de infraestructura hidráulica irregular.
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