23 SEPTIEMBRE 2025-NACIONAL-El gobierno federal y las autoridades de Veracruz investigan a Gabriela Alejandra Ortega Molina, alcaldesa morenista de Colipa, tras difundirse su presunta relación con un rancho vinculado a José Gil Quintero, supuesto sobrino del líder criminal Albino Quintero Meraz, alias «El Beto», quien se encuentra desaparecido desde 2014. La investigación se da un día después del cateo realizado por la Fiscalía General de la República (FGR).
El secretario de Gobierno de Veracruz, Ricardo Ahued, confirmó que la alcaldesa está a disposición de investigaciones federales para esclarecer los hechos. La presencia de la funcionaria en el rancho fue motivo de debate mediático, aunque Ortega Molina ha negado categóricamente haber estado en el lugar durante la acción judicial.
Cateo en Veracruz
Según informó la gobernadora Rocío Nahle, se solicitó a la alcaldesa explicar su supuesta retención durante el cateo del sábado 20 de septiembre. El operativo se centró en un rancho propiedad de José Gil Quintero, presunto sobrino de «El Beto», y buscaba recabar información relacionada con actividades criminales del grupo al que estaría ligado.
Tras el operativo, surgieron reportes de que Ortega Molina habría sido localizada en el rancho; sin embargo, la propia alcaldesa emitió un comunicado desmintiendo esa versión y afirmando que no estuvo presente durante la diligencia de la FGR. Esto abre la necesidad de esclarecer con precisión los hechos y deslindar responsabilidades.
El contexto de la investigación se suma a la problemática de violencia e influencia de grupos delictivos en ciertas regiones de Veracruz. La presencia de autoridades municipales en escenarios ligados a narcotráfico genera preocupación sobre posibles vínculos o negligencias en el ejercicio del cargo.
Responsabilidad y transparencia
El caso pone sobre la mesa la importancia de la transparencia en la gestión pública y la necesidad de que los funcionarios municipales cumplan con los estándares éticos y legales. Especialistas en política local señalan que este tipo de investigaciones deben ser exhaustivas para garantizar la confianza de la ciudadanía y evitar impunidad.
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