Santiago, Chile – 22 de septiembre de 2025 – Un insólito conflicto legal generado por la importación y exportación de restos humanos mantiene desde 2024 dos cargamentos con 30 piernas humanas en el Aeropuerto Internacional de Santiago. La retención de las extremidades se debe a la normativa chilena, que prohíbe la comercialización de material cadavérico, permitiendo únicamente la donación explícita por parte del fallecido o de sus familiares.
El material fue importado desde Estados Unidos por la empresa local Centro de Entrenamiento Médico Quirúrgico SpA (CEMQ), que buscaba utilizar las piernas para fines educativos y de capacitación en medicina. Según la compañía, la escasez de material humano en Chile los obligó a recurrir al extranjero cumpliendo todas las regulaciones sanitarias de origen.
La empresa presentó un amparo económico ante la Corte de Apelaciones de Santiago, argumentando que la negativa del Estado a liberar los restos vulneraba su derecho a desarrollar su actividad comercial y afectaba la formación de médicos cirujanos.
Posición de las autoridades
Las autoridades chilenas aclararon que los restos humanos solo pueden obtenerse a través de:
- Donación con constancia notarial de la persona antes de fallecer.
- Autorización familiar ante un ministro de fe.
- Cuerpos no reclamados en 24 horas desde un centro asistencial.
- Restos no retirados tras 72 horas en el Servicio Médico Legal.
En diciembre de 2024, la Corte de Apelaciones rechazó la primera apelación de la compañía, argumentando que la normativa vigente no contempla la importación de cadáveres para fines educativos, docentes o investigativos. Tras esa decisión, la empresa presentó otra apelación, y el caso ahora se encuentra en la Corte Suprema de Chile, que decidirá si CEMQ puede finalmente acceder a las piernas humanas para sus programas de formación.
Implicaciones éticas y educativas
El caso ha generado un debate sobre la ética médica, la bioética y la regulación de materiales cadavéricos en la educación. La empresa sostiene que su objetivo es contribuir a la capacitación de profesionales de la salud y al desarrollo científico, mientras que las autoridades defienden la aplicación estricta de la ley para proteger los derechos y la dignidad de los fallecidos.
Este conflicto evidencia los desafíos legales y éticos que surgen cuando la educación médica y la ciencia se enfrentan a la escasez de material humano y a estrictas regulaciones internacionales y nacionales.
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