La plataforma YouTube eliminó recientemente el canal oficial del presidente venezolano, Nicolás Maduro, sin ofrecer explicaciones públicas. El canal, que contaba con más de 230 mil suscriptores, ya no está disponible para los usuarios. Al intentar acceder, aparece un mensaje genérico que indica que el canal fue eliminado, lo cual generó sorpresa tanto entre simpatizantes como opositores. Hasta el momento, no hay un pronunciamiento oficial por parte del gobierno de Venezuela ni de representantes de Google. Esta acción ocurre en un contexto internacional donde crece la tensión en torno al control de la información.
La eliminación del canal ha sido denunciada por medios estatales venezolanos como Telesur, que acusan a plataformas digitales de participar en una «guerra híbrida» contra Venezuela. Según estos medios, las grandes empresas tecnológicas están tomando partido político al restringir voces oficiales del gobierno. La narrativa del oficialismo sostiene que esta medida es parte de una estrategia de desestabilización impulsada por actores internacionales. No es la primera vez que el gobierno de Maduro acusa a redes sociales de silenciar contenido que va en contra de intereses externos. El hecho ha despertado reacciones divididas en la opinión pública nacional e internacional.
En el pasado, YouTube ya había sancionado al canal de Maduro por difundir información médica no verificada relacionada con el COVID-19, lo cual violaba sus políticas de contenido. Sin embargo, en esta ocasión no se ha explicado si la eliminación está relacionada con una infracción de normas comunitarias o con presiones políticas. El canal contenía discursos, anuncios presidenciales, programas oficiales y transmisiones en vivo. Para muchos seguidores del chavismo, esta acción representa un ataque a la libertad de expresión. Para otros, es una forma de frenar la desinformación desde organismos gubernamentales.
Esta medida se suma a otras restricciones digitales que ha enfrentado el gobierno venezolano. En agosto de 2024, por ejemplo, se bloqueó durante 10 días el acceso a la red social X (antes Twitter), poco después de las controvertidas elecciones presidenciales. Organizaciones internacionales de derechos humanos han denunciado que Venezuela restringe el acceso a internet como mecanismo de control político. El propio Maduro ha acusado públicamente a plataformas como TikTok de fomentar la violencia, la desobediencia y la desinformación. En respuesta, las autoridades venezolanas han intentado aplicar sanciones a dichas plataformas dentro del país.
Por su parte, el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela ha emitido resoluciones para obligar a plataformas digitales a eliminar contenidos considerados peligrosos o inadecuados. En diciembre de 2024, se impusieron sanciones económicas a redes sociales que no retiraron desafíos virales que, según el gobierno, ponían en riesgo a menores de edad. Estos antecedentes muestran una relación tensa entre el gobierno de Maduro y las plataformas digitales. La censura, tanto interna como externa, se ha convertido en un tema de debate constante en Venezuela. La desaparición del canal de YouTube solo intensifica esta controversia en un entorno ya polarizado.
