19 SEPTIEMBRE 2025-NACIONAL-El gobierno de Estados Unidos dio un paso sin precedentes al invocar un estatuto antiterrorista en contra de la diputada federal de Morena y ex alcaldesa de Rosarito, Hilda Araceli Brown. La medida la señala como colaboradora o miembro de una organización vinculada al Cártel de Sinaloa, lo que abre un abanico de sanciones económicas de carácter extraterritorial. Esta acción coloca a Brown en el mismo nivel de figuras y grupos que, en su momento, fueron catalogados como amenazas globales a la seguridad.
La decisión fue tomada por los titulares de los departamentos de Estado, Justicia y Tesoro de Estados Unidos: Marco Rubio, Pam Bondi y Scott Bessent. Según la designación, la legisladora estaría relacionada con la facción encabezada por Ismael “El Mayo” Zambada, líder histórico del Cártel de Sinaloa. Al tratarse de una política activa, la decisión ha generado un fuerte impacto político y diplomático entre ambos países.
Una designación inédita en México
La medida implica el estreno en México de una de las leyes más polémicas del arsenal legal antiterrorista estadounidense. Se trata de la misma herramienta que en su momento se utilizó para congelar bienes y cortar financiamiento a Al-Qaeda, Osama bin Laden y el Estado Islámico. El hecho de que ahora se aplique contra una diputada mexicana marca un precedente delicado para la política nacional.
La Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC) incluyó el nombre de Brown en su lista oficial el pasado 17 de septiembre. En el documento se detalla que la diputada figura junto a operadores y administradores vinculados a la facción de El Mayo Zambada en Baja California. El texto advierte que cualquier persona o empresa que tenga relación económica con ella puede enfrentar sanciones secundarias.
Riesgo de sanciones secundarias
El concepto de sanciones secundarias es uno de los puntos más controversiales de este estatuto. Bajo este esquema, no solo se penaliza a la persona designada, sino también a terceros que mantengan relaciones comerciales con ella, aunque esas actividades sean legales en su país de origen. Washington puede retirar licencias de operación, restringir acceso a su mercado e incluso expulsar del sistema financiero a quienes incumplan.
El Centro para una Nueva Seguridad Estadunidense (CNAS) explicó que este tipo de sanciones buscan extender la influencia de las restricciones primarias de Estados Unidos más allá de sus fronteras. En la práctica, esto significa que bancos, empresas o inversionistas de México y otros países deberán decidir si mantienen negocios con la diputada o con el mercado estadounidense, pero no con ambos.
Las implicaciones políticas y económicas de este caso son amplias. Brown, como diputada, percibe un salario mensual cercano a 79 mil pesos depositados en una institución bancaria con presencia internacional. Esto coloca bajo escrutinio no solo sus finanzas, sino también la relación del propio sistema financiero mexicano con entidades observadas por Washington.
El alcance de la orden ejecutiva
La base legal de esta acción es la Orden Ejecutiva 13224, emitida tras los atentados del 11 de septiembre de 2001 por el presidente George W. Bush y actualizada en años recientes por Donald Trump. El documento faculta a Estados Unidos a bloquear bienes y prohibir transacciones de personas extranjeras que representen un riesgo a la seguridad nacional o a su economía.
En el caso de Brown, los secretarios estadounidenses concluyeron que su presunta relación con el Cártel de Sinaloa la convierte en un peligro potencial. Aunque no se ha confirmado la congelación de sus cuentas bancarias, su inclusión en la lista de la OFAC ya implica serios obstáculos financieros y políticos.
Este caso puede abrir un debate mayor sobre la forma en que Estados Unidos aplica sus herramientas de seguridad en territorio mexicano. Al invocar un estatuto antiterrorista contra una legisladora en funciones, se envía un mensaje directo de desconfianza hacia las instituciones mexicanas. Además, genera presión sobre el gobierno de México para definir si respaldará a Brown políticamente o si permitirá que la decisión estadounidense tenga efectos plenos.
Este tipo de acciones pueden tensar la relación bilateral en temas sensibles como seguridad, cooperación antidrogas y comercio. En un escenario donde ambos países buscan coordinar esfuerzos para frenar la violencia del narcotráfico, la designación de una legisladora mexicana como “simpatizante terrorista” podría complicar los canales de diálogo y cooperación.
