19 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 – NACIONAL. Jalisco ha encendido las alarmas debido a una ola de agresiones y crímenes que han afectado de manera desproporcionada a la comunidad trans, reflejando una grave crisis de violencia e impunidad. De acuerdo con Mónica Luz Ahumada Aguilar, directora de la Red Mexicana de Mujeres Trans, tan solo en el mes de agosto se documentaron ocho casos en este estado, que van desde agresiones físicas graves hasta dos transfeminicidios. Estos incidentes, que se suman a la preocupante cifra de 14 casos a nivel nacional en el mismo mes, demuestran un patrón de violencia sistemática que no solo atenta contra la vida, sino que también vulnera los derechos más básicos de esta población.
La violencia contra la comunidad trans se manifiesta de diversas formas y, en ocasiones, se ve agravada por la discriminación laboral que orilla a muchas mujeres a dedicarse al trabajo sexual, exponiéndolas aún más al crimen organizado. La directora de la Red Mexicana de Mujeres Trans menciona casos de compañeras que han sido obligadas a vender para grupos criminales y que sufren represalias si se niegan. Sin embargo, la violencia también alcanza a quienes se dedican a otras profesiones o al activismo, lo que demuestra que ser visible o alzar la voz puede ser un factor de riesgo en la violencia contra la comunidad trans.
La Impunidad Persistente y el Desafío en la Violencia Contra la Comunidad Trans
A pesar de los llamados de colectivos de la diversidad sexual para exigir justicia, los números reflejan un alto nivel de impunidad. La Fiscalía del Estado de Jalisco ha iniciado 95 carpetas de investigación por delitos contra mujeres trans de 2019 a 2025, pero solo cinco personas han sido vinculadas a proceso y se han emitido apenas dos sentencias: una condenatoria y una absolutoria. Esta falta de resultados evidencia la ineficiencia y la discriminación estructural del sistema judicial, que, sumado a los procesos largos y costosos, desincentiva a las víctimas a presentar denuncias y a buscar justicia por la violencia contra la comunidad trans.
Además, la falta de tipificación del delito de transfeminicidio limita el acceso a la justicia y dificulta la visibilización de la gravedad del problema. Como se señala en el texto, muchos de estos crímenes son erróneamente catalogados como «crímenes pasionales» desde el inicio de la investigación, lo que impide que se investiguen como delitos de odio y, por ende, reduce las posibilidades de que se haga justicia. La falta de un marco legal adecuado no solo invisibiliza la violencia contra la comunidad trans, sino que también impide que se tengan estadísticas reales y que se tomen medidas efectivas para erradicar este tipo de agresiones.
Hacia una Solución Legal y el Reconocimiento de la Violencia Contra la Comunidad Trans
Ante la grave situación, la diputada Montserrat Pérez Cisneros presentó una iniciativa en el Congreso local para tipificar los delitos de crímenes de odio y transfeminicidio. La propuesta, que contempla penas de hasta 50 años de cárcel y prisión preventiva oficiosa, busca ser una herramienta para combatir la impunidad y garantizar la seguridad de la comunidad trans. A pesar de su importancia, el tema sigue sin avanzar en el Congreso, una dilación que, según Mónica Ahumada, contribuye a que los asesinatos y agresiones continúen en el estado.
La situación de la violencia contra la comunidad trans en Jalisco es un reflejo de lo que ocurre a nivel nacional, ya que México se ubica como el segundo país con más asesinatos de mujeres trans en Latinoamérica, solo después de Brasil. Aunque los números oficiales son menores, se reconoce que existe una «cifra negra» de casos que no son denunciados o no se tipifican correctamente. Esta violencia estructural se repite en otros países de la región, donde la discriminación laboral, el acceso limitado a la salud y la impunidad judicial son problemas comunes.
