19 de Septiembre del 2025.- El gobierno de Ecuador, bajo la dirección del presidente Daniel Noboa, ha impuesto un toque de queda en Ecuador que afecta a cinco provincias, en respuesta a la intensificación de las protestas contra la eliminación del subsidio al diésel. La medida, que restringe la circulación nocturna entre las 22:00 y las 5:00, busca controlar los bloqueos de carreteras y las manifestaciones que han surgido en varias regiones andinas del país. La decisión se formalizó a través de un decreto ejecutivo que también autoriza a las fuerzas de seguridad a detener a quienes incumplan la restricción.
El decreto 146, que amplía el estado de excepción a la provincia de Chimborazo, establece que las fuerzas armadas y policiales están facultadas para intervenir en reuniones y manifestaciones que representen una amenaza a la seguridad. Según el gobierno, el objetivo principal del toque de queda en Ecuador es evitar la interrupción del libre tránsito y proteger los derechos de los ciudadanos, argumentando que las protestas han afectado la actividad social y comercial en las provincias afectadas. Sin embargo, organizaciones sociales y la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) mantienen sus reclamos y anuncian nuevas movilizaciones.
La CONAIE, que representa a los principales grupos indígenas y campesinos del país, ha convocado a un “paro nacional indefinido” en rechazo al aumento del precio del diésel, que pasó de 1.80 a 2.80 dólares por galón. La organización ha reafirmado su compromiso con la protesta hasta que se atiendan sus demandas, con su presidente, Leonidas Iza, afirmando que no abandonarán la lucha hasta que se restituya el subsidio. Ante este panorama, el gobierno ha reiterado la coordinación entre las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, y ha advertido que mantendrá la capacidad de suspender reuniones públicas y desarticular concentraciones.
La escalada del conflicto social
Las provincias afectadas por el toque de queda en Ecuador (Carchi, Imbabura, Cotopaxi, Bolívar y Chimborazo) son las mismas donde se han registrado el mayor número de protestas y bloqueos en los últimos días. La decisión del gobierno se produce en un ambiente de alta tensión social y política, y ha generado advertencias de organizaciones de derechos humanos sobre posibles abusos en la aplicación de la fuerza pública. Si bien hasta el momento se han reportado arrestos relacionados con el bloqueo de vías, no se han registrado enfrentamientos de gran magnitud, aunque el riesgo de una escalada de violencia persiste.
El estado de excepción, que ahora se extiende a ocho provincias, tendrá una duración de 60 días, lo que permite a las autoridades mantener las restricciones a la libertad de reunión. El gobierno no ha indicado cuándo se levantará el toque de queda ni si se iniciará un diálogo con la dirigencia indígena para encontrar una solución a la crisis. Mientras tanto, organismos multilaterales con presencia en Quito están monitoreando de cerca los acontecimientos, preocupados por el posible impacto en la estabilidad democrática y la economía del país, que ya enfrenta desafíos significativos.
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