18 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 – NACIONAL. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha impuesto sanciones a la facción del Cártel de Sinaloa conocida como «La Mayiza», acusándola de operar un vasto imperio criminal. Lo que ha causado revuelo es que, dentro de esta red de individuos y empresas, se encuentra la diputada federal de Morena y exalcaldesa de Playas de Rosarito, Baja California, Hilda Araceli Brown Figueredo. Según el Tesoro, la funcionaria tiene una relación cercana con los operadores de «La Mayiza», Candelario Arcega Aguirre y Jesús González Lomelí, y se le acusa de haber colaborado en las operaciones de narcotráfico del grupo criminal.
Las sanciones impuestas por el gobierno de Estados Unidos congelan cualquier cuenta que los individuos y empresas señaladas pudieran tener bajo su jurisdicción, además de prohibir a los ciudadanos estadounidenses hacer negocios con ellos. El Departamento del Tesoro afirma que la red opera en grandes zonas del norte de Baja California bajo el liderazgo de los hermanos Alfonso y René Arzate García, quienes ya habían sido sancionados previamente. La acusación formal contra la diputada Brown Figueredo y sus presuntos socios es un desarrollo significativo en la lucha contra el narcotráfico en la frontera.
Acusaciones de Corrupción y Colaboración con el Narcotráfico
Según el comunicado del Departamento del Tesoro, la diputada Brown Figueredo, durante su tiempo como alcaldesa, habría permitido que sus colaboradores controlaran partes del gobierno municipal, llegando a nombrar a sus aliados en puestos de alto nivel. El documento afirma que González y Arcega sirvieron de intermediarios entre Brown y los hermanos Arzate, facilitando las operaciones criminales. Esta supuesta colaboración habría permitido que la red de narcotráfico de «La Mayiza» operara con protección de las autoridades locales.
El comunicado del Tesoro detalla que Jesús González Lomelí, un empresario y operador financiero de alto rango del Cártel de Sinaloa, es el presunto responsable de recaudar pagos de extorsión para los Arzate y de gestionar sus operaciones. La red de narcotráfico se extiende a varios bares y restaurantes en la zona de Playas de Rosarito, incluyendo el Bombay Beach Club y el Coco Beach Club, los cuales, según las autoridades estadounidenses, son utilizados para lavar dinero procedente de las actividades delictivas de «La Mayiza».
La Reacción y el Alcance de las Sanciones
La noticia de las sanciones y la vinculación de una diputada federal con el narcotráfico ha generado una fuerte reacción en México y Estados Unidos. Si bien las sanciones del Tesoro de EU no conllevan una acusación formal en México, sí abren la puerta a una investigación por parte de las autoridades mexicanas para determinar la veracidad de las acusaciones. La diputada Brown Figueredo aún no ha emitido una declaración pública al respecto, pero se espera que la situación genere un debate político y legal importante en los próximos días.
Este caso pone de manifiesto la estrecha relación entre la política y el narcotráfico en algunas regiones del país. La acusación formal del gobierno estadounidense contra una funcionaria de alto nivel es una señal de que la lucha contra el narcotráfico sigue siendo una prioridad para ambos países. El hecho de que el Departamento del Tesoro haya revelado detalles tan específicos, como los nombres de los bares y restaurantes utilizados para el lavado de dinero, sugiere que la investigación ha sido minuciosa y que hay más información que podría ser revelada en el futuro.
Las sanciones del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, en particular las emitidas bajo la Ley de Designación de Cabecillas Extranjeras del Narcotráfico (conocida como Ley Kingpin), son una herramienta poderosa de la política exterior de ese país para combatir el crimen organizado a nivel global. A diferencia de las acusaciones penales, que requieren un proceso judicial, estas sanciones son una medida económica y financiera que tiene como objetivo aislar a los individuos y organizaciones de las instituciones financieras y comerciales de Estados Unidos. Esta estrategia busca desestabilizar a los grupos criminales al cortar sus flujos de dinero y limitar su capacidad para operar.
