17 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 – NACIONAL. El magistrado Felipe de la Mata Pizaña, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), se defendió de las acusaciones de ser un «magistrado del gobierno», asegurando que su actuación se rige por la Constitución. En una entrevista, comparó el caso de los llamados «acordeones» en las recientes elecciones judiciales con la intervención de Vicente Fox en el 2000, argumentando que, al igual que en ese entonces, los supuestos ilícitos no fueron suficientes para anular un proceso electoral. De la Mata hizo un llamado a la confianza en el trabajo del Instituto Nacional Electoral (INE) en materia de fiscalización, señalando que la legalidad no se puede basar en simples suposiciones o rumores.
El magistrado, quien ha sido blanco de críticas, sostuvo que la anulación de una elección es una medida extrema y no la regla. Subrayó que, para anular, no basta con probar la existencia de los acordeones, sino que también se debe demostrar su distribución masiva y el impacto determinante que tuvieron en el voto de los ciudadanos. De la Mata criticó la falta de pruebas específicas por parte de quienes impugnaron los resultados, indicando que el expediente no contenía testimonios de personas que confirmaran haber cambiado su voto por esta causa. En este contexto, su postura enfatiza que las decisiones del Tribunal deben ser rigurosas y apegadas a la legalidad.
La Complejidad de la Elección Judicial y la Legalidad de la Reforma
El magistrado también abordó las complejidades de la primera elección democrática para renovar el Poder Judicial, describiéndola como un fenómeno sin precedentes. Admitió que hubo aspectos a mejorar, como la existencia de tres comités de selección con criterios diferentes o el uso de la “tómbola” para elegir a los candidatos. No obstante, defendió la labor del Tribunal, indicando que sus decisiones se basaron en la legalidad, a pesar de que el marco normativo fue redactado por personas que no eran expertas en materia electoral. Para De la Mata, este proceso histórico, aunque imperfecto, cumplió con los requisitos constitucionales, y ahora es momento de reflexionar sobre cómo mejorar el sistema.
Felipe de la Mata también respondió a quienes lo acusan de ser una «moneda de cambio» por la reforma judicial, defendiendo la decisión de mantener a los magistrados actuales para garantizar el quórum del Tribunal. Aseguró que su permanencia en el cargo no fue por conveniencia, sino por la urgencia de mantener la operatividad del órgano electoral, especialmente en un contexto de intensa carga de trabajo. Rechazó que su postura actual sea un intento de agradar al gobierno, reafirmando su compromiso con la Constitución, como lo ha hecho en casos anteriores donde sus fallos no favorecieron al poder en turno. Su insistencia en la legalidad de sus acciones busca disipar las sospechas de parcialidad.
Reflexión sobre las Sentencias y el Futuro de la Justicia Electoral
El magistrado invitó a la ciudadanía a no dejarse llevar por «rumores» y a confiar en que el Tribunal actúa conforme a la legalidad y el derecho. Se mostró optimista sobre el futuro, aunque reconoció la avalancha de recursos que se avecina con los expedientes de fiscalización. Comparó la situación actual con la elección de 2000, cuando a pesar de las graves irregularidades se validó el proceso, para enfatizar que la anulación es una excepción en la historia judicial de México. En este sentido, confía en que el INE, una vez que reanude sus actividades, realizará la investigación pertinente para determinar las responsabilidades por los acordeones y otros posibles ilícitos.
Finalmente, De la Mata cuestionó la falta de pruebas contundentes presentadas por los denunciantes, como fotografías o testimonios que pudieran demostrar la autoría o distribución masiva de los acordeones. En su opinión, las denuncias se basaron en meras «suspicacias» y no en evidencia sólida. Destacó que el Tribunal no puede anular una elección basándose en presunciones, ya que eso sentaría un precedente peligroso para la democracia. El magistrado concluyó su participación subrayando que su única lealtad es con la legalidad y la Constitución, invitando a los inconformes a participar en el proceso democrático para poder cambiar las leyes que no les parecen.
El concepto de «determinancia» es clave en la justicia electoral mexicana y fue un punto central en la defensa del magistrado. La legalidad de un proceso electoral no solo depende de la existencia de una falta, sino también del impacto real que dicha falta tiene en el resultado final. En otras palabras, para que una irregularidad como la distribución de los «acordeones» sea motivo de anulación, se debe probar que esta influyó de manera significativa y decisiva en la voluntad de los votantes, alterando el resultado. Si la irregularidad no es «determinante», la elección se mantiene válida. Este principio busca proteger la voluntad popular y evitar que una simple sospecha o una falta menor anule el esfuerzo democrático de millones de ciudadanos.
