17 de Septiembre del 2025.- Un reciente informe de la organización Global Witness ha revelado una alarmante cifra: al menos 120 ambientalistas fueron asesinados o desaparecidos en América Latina durante el año 2024. Este número representa más del 80% del total de casos a nivel mundial, confirmando a la región como la más peligrosa para quienes defienden el medio ambiente y sus recursos. La situación es crítica y refleja la profunda vulnerabilidad de estos activistas frente a intereses económicos y criminales que operan en la impunidad.
Los países más letales para los ambientalistas
El informe detalla los países con las cifras más altas de violencia. Colombia encabeza la lista con 48 asesinatos de defensores del medio ambiente, seguida por Guatemala con 20 y México con 18. Un dato particularmente preocupante es el de Guatemala, donde el número de asesinatos se quintuplicó en comparación con el año anterior, dándole la tasa per cápita más alta a nivel mundial. Otros países como Brasil, Honduras y Chile también registraron casos, lo que demuestra que la violencia contra los activistas es un problema extendido en toda la región.
El informe de Global Witness señala que la violencia está estrechamente ligada a disputas por la tierra, así como a la presión de industrias extractivas, la agroindustria y el crimen organizado. Este último, en particular, se relaciona con al menos 42 de los casos documentados. La situación es especialmente grave para los pueblos indígenas, que, a pesar de representar menos de un tercio de las víctimas, sufrieron el 94% de los ataques documentados en la región. Su papel como guardianes de vastos territorios ricos en recursos naturales los convierte en un blanco constante de agresiones.
Desde el año 2012, Global Witness ha documentado más de 2,250 asesinatos y desapariciones de ambientalistas en todo el mundo, con América Latina siendo el epicentro de esta violencia. Solo en 2018, la región concentró casi tres cuartas partes de los casos, coincidiendo con la adopción del Acuerdo de Escazú, un tratado diseñado precisamente para proteger a los defensores del medio ambiente. La persistencia de esta violencia, a pesar de la existencia de este acuerdo, pone en duda la efectividad de las medidas tomadas hasta ahora por los gobiernos.
El Acuerdo de Escazú es un instrumento clave que busca obligar a los gobiernos a garantizar el acceso a la información ambiental, asegurar la participación pública en la toma de decisiones y tomar medidas para prevenir y castigar los ataques contra los ambientalistas. Sin embargo, la implementación de este pacto ha sido lenta y desigual. La falta de voluntad política, la corrupción y la impunidad son barreras significativas que impiden que los activistas puedan ejercer su labor de forma segura.
La situación es especialmente crítica en zonas remotas, como la Amazonía, donde las redes criminales dedicadas al tráfico de drogas, oro y madera han intensificado sus ataques contra las comunidades locales y los ambientalistas. Organizaciones como Amazon Watch han denunciado esta escalada de violencia, señalando cómo los grupos armados y los proyectos petroleros ilegales amenazan la vida de líderes indígenas. Esta realidad subraya la urgente necesidad de una acción coordinada y efectiva por parte de los gobiernos para desmantelar estas redes y proteger a quienes defienden los ecosistemas vitales del planeta.
