Autoridades mexicanas anunciaron la captura de Hernán Bermúdez Requena, quien fungía como secretario de Seguridad en Tabasco cuando gobernaba Adán Augusto López Hernández, aliado cercano de Andrés Manuel López Obrador. El detenido es acusado de liderar el grupo criminal “La Barredora”, vinculado al robo de hidrocarburos para el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG). Bermúdez fue arrestado en Paraguay, en una residencia lujosa del barrio privado Mariano Roque Alonso, Departamento Central.
“La Barredora” ha sido señalada en Tabasco por realizar actividades ilegales como el huachicoleo (robo de combustible), secuestros, tráfico de migrantes y extorsión. Esa banda habría mantenido colaboración con el CJNG hasta diciembre de 2023, cuando una ruptura interna generó una ola de violencia en la región.
El arresto representa un golpe político significativo, pues Bermúdez Requena ocupaba un cargo público importante y su captura levanta interrogantes sobre el alcance de su doble papel: funcionario y líder criminal. Las acusaciones apuntan a que durante su mandato como secretario de Seguridad permitió o participó de operaciones ilícitas, mientras actuaba bajo el amparo de su posición.
El senador Adán Augusto López Hernández, exgobernador de Tabasco y confidente de López Obrador, ha sostenido que desconocía la “doble vida” de Bermúdez. Por su parte, el gobernador actual de Tabasco, Javier May, ha sido uno de los que más ha señalado públicamente al detenido. Este caso pone en relieve tensiones políticas dentro del mismo movimiento oficialista.
Respecto al arresto internacional, Bermúdez escapó de México en febrero, y tras recorrer varios países —Panamá, España, Brasil— se refugió en Paraguay. Vivía con comodidades como una casa con piscina, automóvil de lujo y bienes ostentosos. La detención fue hecha de noche, sin grandes escándalos mediáticos, aunque sí con expectativas de que haya pedidos de extradición, incluida de Estados Unidos.
Claudia Sheinbaum, presidenta de México, comentó el operativo agradeciendo al presidente de Paraguay, Santiago Peña, por la colaboración, y lo enmarcó dentro de su política de “cero impunidad”. Este caso plantea preguntas sobre responsabilidad institucional, transparencia en los cargos públicos y hasta dónde llega la tolerancia al poder polític
