#Mañanera La presidenta Claudia Sheinbaum ha abordado públicamente la urgente necesidad de revisar los protocolos para el traslado de materiales peligrosos, como el gas LP, en las vías de comunicación del país. Durante su conferencia matutina, la mandataria explicó que el transporte de estas sustancias ya está regulado por normas tanto locales como federales. Sin embargo, en un esfuerzo por prevenir futuros accidentes como el ocurrido recientemente, su administración se ha comprometido a revisar a fondo los lineamientos actuales para asegurar la máxima seguridad para los ciudadanos. Este anuncio se da en un momento de gran preocupación social.
La presidenta Sheinbaum señaló que, a pesar de que la ley no exige que el traslado de materiales peligrosos se realice exclusivamente de noche, su gobierno buscará maneras de mejorar la regulación existente. Esta revisión de protocolos es una respuesta directa a los recientes siniestros viales que han puesto en el foco la seguridad en el transporte de sustancias químicas y combustibles. La mandataria enfatizó que el objetivo es encontrar un equilibrio entre la fluidez del comercio y la protección de la vida humana.
Revisión de Normas para el Transporte de Materiales Peligrosos
El compromiso de la presidenta con la revisión de los protocolos para el traslado de materiales peligrosos es una medida proactiva para atender las preocupaciones ciudadanas. La normativa actual abarca desde las características técnicas de los vehículos, hasta las rutas permitidas y las condiciones de los choferes. Sin embargo, la frecuencia y la gravedad de los accidentes sugieren que podría haber vacíos o fallas en su aplicación. Por ello, la revisión se centrará en hacer más robustos y estrictos los procedimientos para garantizar que las empresas cumplan con todas las medidas de seguridad.
La declaración de la presidenta también busca aclarar que el transporte nocturno no es una exigencia legal, pero que es una opción que se podría considerar dentro de la revisión de protocolos. Expertos en seguridad vial han manifestado que el transporte de materiales peligrosos durante horas de menor afluencia vehicular podría reducir el riesgo de incidentes. Sin embargo, esta medida también presenta desafíos logísticos para las empresas. El gobierno de Sheinbaum se ha comprometido a escuchar a todos los sectores involucrados antes de tomar una decisión final.
La seguridad en el transporte de materiales peligrosos no solo implica la responsabilidad de las empresas y los conductores, sino también una adecuada fiscalización por parte de las autoridades. La revisión de los protocolos también incluirá un análisis sobre los mecanismos de supervisión y las sanciones a quienes incumplan la ley. La meta es crear un marco legal y operativo que reduzca al mínimo la posibilidad de accidentes que pongan en riesgo a la población, especialmente en zonas urbanas densamente pobladas.
El anuncio de la presidenta Sheinbaum es un paso importante para generar confianza en la ciudadanía y para demostrar que el gobierno está tomando medidas concretas ante los recientes siniestros. Se espera que en las próximas semanas se den a conocer los avances de esta revisión de protocolos, así como los nuevos lineamientos que se implementarán. La seguridad en el traslado de materiales peligrosos es un tema de seguridad nacional, y las acciones de esta administración serán cruciales para el bienestar de todos los mexicanos.
El transporte de materiales peligrosos en México se rige por diversas leyes y normas, siendo una de las principales la Norma Oficial Mexicana (NOM) 002-SCT/2011, la cual establece la clasificación de las mercancías peligrosas y las especificaciones para su embalaje, empaque y etiquetado. Adicionalmente, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) es la encargada de otorgar los permisos de operación y de supervisar que los vehículos cumplan con las especificaciones técnicas necesarias para este tipo de transporte. Expertos señalan que, si bien la normativa es completa, los retos más grandes se presentan en su correcta aplicación y en la falta de personal y recursos para una fiscalización efectiva en las carreteras y ciudades del país.
