9 DE SEPTIEMBRE DEL 2025- INTERNACIONAL. A un año de haber estallado una guerra entre las facciones más poderosas del Cártel de Sinaloa, el estado mexicano vive un escenario de terror con un saldo trágico. Un reciente informe del diario El Universal ha revelado cifras escalofriantes: al menos 1,850 muertes violentas, 1,615 detenciones y 1,804 desapariciones forzadas. La violencia no ha distinguido entre sus víctimas, afectando a hombres jóvenes, mujeres, niñas y niños, y dejando además 46 agentes de seguridad asesinados. Este conflicto ha desangrado a la región, dejando a su paso un rastro de luto, miedo e incertidumbre.
El Origen de la Violencia y el Impacto en la Vida Diaria
El detonante de esta sangrienta guerra fue la entrega de Joaquín Guzmán López, uno de ‘Los Chapitos’, a agencias estadounidenses, quien en su declaración acusó de secuestro a Ismael ‘El Mayo’ Zambada, el líder del grupo rival. Esta acción, supuestamente coordinada con EE.UU. y de la que el Gobierno mexicano fue excluido, desató la furia entre los dos bandos. La presidenta Claudia Sheinbaum ha responsabilizado directamente a EE.UU. por la violencia desatada en Sinaloa, criticando la opacidad del operativo y los acuerdos que Washington ha hecho con narcotraficantes para convertirlos en testigos protegidos, a pesar de haberlos catalogado como «terroristas».
El impacto de la violencia en la vida cotidiana de los sinaloenses ha sido devastador. Se han reportado pérdidas económicas de más de 1,900 millones de dólares, el cierre de casi 3,000 negocios y la desaparición de 35,000 empleos. Además, la delincuencia se ha disparado, con miles de vehículos despojados. Los habitantes, cansados de los operativos militares que no logran detener las balaceras, asesinatos y robos, exigen a sus autoridades que garanticen su seguridad. La situación es tan grave que incluso los niños y profesores ya han aprendido los protocolos de seguridad a seguir durante los tiroteos.
Las autoridades mexicanas han respondido a esta guerra con el despliegue de más de 14,000 efectivos y han logrado la detención de más de 1,600 personas, el aseguramiento de toneladas de drogas y armas, y el desmantelamiento de laboratorios de metanfetamina. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos, la violencia no ha cesado. La tesis de que la inestabilidad fue generada por un operativo estadounidense no solo tensa las relaciones bilaterales, sino que también subraya la complejidad de la lucha contra el narcotráfico, donde las alianzas y las negociaciones secretas complican la búsqueda de la paz.
Mientras la guerra continúa, el pacto de culpabilidad de Ismael ‘El Mayo’ Zambada con EE.UU. sigue siendo un misterio. Este acuerdo, al igual que el de su rival Ovidio Guzmán López, genera una gran controversia. La crítica del gobierno mexicano a esta estrategia es clara: no se puede combatir el crimen organizado declarando a sus líderes como terroristas para luego negociar con ellos. La incongruencia de esta política de EE.UU. alimenta la violencia en México y demuestra que las soluciones unilaterales no son efectivas.
La violencia en Sinaloa es un recordatorio de que las acciones militares y las negociaciones opacas tienen consecuencias directas en la población civil. A un año del estallido, el sufrimiento de la gente es palpable, con familias en busca de desaparecidos y la sociedad viviendo en un constante estado de alerta. Este conflicto, lejos de estar cerca de su fin, parece haberse arraigado en la región, dejando en evidencia que la guerra contra el narcotráfico es mucho más que una cuestión de detenciones y operativos.
El impacto regional de la guerra en el Cártel de Sinaloa
