La Cámara de Diputados se encuentra en el proceso de construcción de una nueva sede para su personal administrativo, una obra que, aunque comenzó en 2023, todavía no ha sido concluida. El proyecto ha generado controversia debido al exorbitante gasto de la Cámara de Diputados, que hasta el momento asciende a más de mil 32 millones de pesos. Pese a que el proyecto sigue en curso, ya se han reportado significativas diferencias entre los costos presupuestados y los desembolsados, lo que ha levantado dudas sobre la transparencia y el manejo de los recursos públicos.
Según información obtenida, el llamado Edificio “J” de San Lázaro ha consumido una cantidad considerable de fondos. Los datos señalan que, entre 2023 y 2024, el Programa Anual de Adquisiciones de la Cámara Baja pronosticó un gasto de 214.8 millones de pesos. Sin embargo, el presupuesto de la Cámara Baja ejercido en ese mismo periodo terminó siendo de 422 millones de pesos, una cifra casi el doble de lo previsto, lo cual subraya la falta de control en la gestión del proyecto.
Fases y licitaciones del gasto
La construcción se ha dividido en distintas etapas, cada una con su propio proceso de contratación y costos. En la fase inicial de «obra negra», el contrato fue otorgado a la empresa Postensa por un valor de 375 millones de pesos. Este contrato fue una adjudicación directa, un método que permite asignar la obra sin necesidad de una licitación pública, y que en su momento fue autorizado bajo la dirección del entonces líder de la Cámara, Ignacio Mier, lo que añade un elemento de debate sobre la ética en la contratación de obras.
Para la segunda fase de la construcción, que se lleva a cabo actualmente, la Cámara Baja recurrió a una licitación pública, adjudicando el contrato a Arcac Construcciones por 610 millones de pesos. Este acuerdo de inversión plurianual se extenderá hasta 2027, coincidiendo con el fin de la 66 Legislatura. La asignación de estos recursos en varias fases a lo largo del tiempo sugiere una planificación a largo plazo, sin embargo, el constante aumento de los costos ha generado inquietud sobre el manejo de los fondos.
La justificación política y la obra inconclusa
El presidente de la Junta de Coordinación Política de San Lázaro, Ricardo Monreal Ávila, reconoció públicamente que el presupuesto para la obra se vio restringido durante los últimos meses de 2024 y a principios de este año. El morenista justificó la interrupción de la construcción argumentando que «no había dinero» para continuar, y que los fondos disponibles se destinaron principalmente a cubrir la nómina. Esta explicación, aunque intenta brindar claridad, no logra mitigar las críticas sobre la falta de previsión y el mal manejo financiero desde el inicio del proyecto.
Pese a los más de mil millones de pesos ya desembolsados, el edificio aún está lejos de ser una realidad funcional. La lista de pendientes es larga e incluye trabajos de albañilería, pintura interior y exterior, la instalación de pisos, plafones y puertas de cristal. Además, se requiere la colocación de luminarias, canceles para ventanas y, de forma crucial, los sistemas hidráulico, eléctrico y de aire acondicionado, así como el sistema de detección de incendios. El hecho de que el gasto en un nuevo edificio no se refleje en una obra terminada es una señal de alerta para la ciudadanía.
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