4 DE SEPTIEMBRE DEL 2025- INTERNACIONAL. El peor de los desenlaces se confirmó en Colombia. Después de dos meses de luchar por su vida en un hospital, el senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay falleció tras ser baleado en un evento público en Bogotá. La noticia, que sacudió al país, ha elevado la investigación a la categoría de magnicidio, un término que no se usaba en Colombia desde hace 35 años y que implica penas más altas para los responsables. La Fiscalía General de la Nación ha reaccionado rápidamente, lamentando la muerte del político y prometiendo esclarecer el crimen que ha puesto a la agenda pública en el ojo del huracán.
El ataque contra Uribe Turbay ocurrió el 7 de junio y, horas después, un menor de edad fue arrestado y señalado como el autor material del crimen. A partir de esa primera detención, las autoridades han avanzado en la investigación, resultando en el arresto de otras seis personas. Entre los detenidos, se encuentra Harold Daniel Barragán Ovalle, señalado de haber planeado el ataque y elegido al adolescente para disparar, y Elder José Arteaga Hernández, alias ‘Chipi’ o ‘el costeño’, considerado uno de los «cerebros» detrás del asesinato de Miguel Uribe. Se presume que ‘Chipi’ fue el encargado de reclutar a los involucrados y coordinar la logística del atentado.
La red criminal y sus vínculos con el crimen
Las autoridades han revelado que Elder José Arteaga, alias ‘Chipi’, tiene un extenso historial delictivo de más de 20 años en Bogotá, con antecedentes de lesiones, robos y extorsión. Según el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, este individuo habría recibido hasta mil millones de pesos (unos 250,000 dólares) para articular la red de sicarios. Este tipo de estructuras delictivas, que operan como «outsourcing criminal», son comunes en las ciudades colombianas y complican la labor de las autoridades para encontrar a los responsables. Las investigaciones han permitido la detención de otros implicados, como Katerine Andrea Martínez, quien supuestamente proporcionó el arma, y otros individuos que ayudaron en la huida del perpetrador.
La participación de un menor de edad como autor material del ataque es un tema recurrente en la criminalidad colombiana. La vulnerabilidad de los adolescentes y los vacíos legales en el sistema judicial los convierten en un blanco fácil para el reclutamiento por parte de estas bandas. En este caso, el joven ya ha sido condenado a siete años de privación de la libertad, lo que demuestra la rápida acción de la justicia con respecto al ejecutor, pero la gran incógnita sigue siendo la identidad de los autores intelectuales detrás de este crimen de Miguel Uribe.
¿Un crimen político o una venganza?
Las hipótesis sobre el motivo del crimen son diversas y aún no se ha descartado ninguna. Desde el primer momento, el presidente Gustavo Petro ha sugerido que el asesinato podría ser una «venganza de organizaciones del narcotráfico» contra su gobierno. Por otro lado, la Fiscalía y la Policía Nacional han manejado la posibilidad de que el ataque fuera un crimen político, motivado por la precandidatura presidencial de Uribe Turbay y su posición como una de las voces más críticas al gobierno de Petro. Un reporte de Noticias Caracol incluso reveló que la fiscal a cargo de una de las investigaciones afirmó que el ataque pudo darse «por el hecho de ser senador y estar desarrollando campaña política».
Por su parte, el general Carlos Fernando Triana, de la Policía Nacional, ha señalado que «todo apunta a que muy seguramente la Segunda Marquetalia forma parte de este entramado», aunque esta hipótesis aún está en investigación y el grupo no se ha atribuido el ataque. La Segunda Marquetalia es una de las mayores disidencias de las Farc, un grupo guerrillero que retomó las armas tras el acuerdo de paz. La resolución de este caso es crucial para Colombia, ya que podría marcar un precedente para el futuro político y social del país, y determinar si la violencia política del pasado ha regresado.
El contexto político de la violencia en Colombia
El asesinato de Miguel Uribe Turbay se produce en un momento de alta polarización en Colombia, con un gobierno de izquierda y una oposición de derecha muy marcadas. El último magnicidio de esta naturaleza se produjo hace 35 años, lo que da cuenta de un avance significativo en la reducción de la violencia política en el país. Sin embargo, este trágico suceso ha vuelto a poner la seguridad en el centro del debate público, desplazando temas como el medio ambiente y los derechos laborales. Analistas políticos predicen que este evento podría favorecer a los discursos de «mano dura» en la contienda electoral de 2026. A pesar de que Colombia ha logrado importantes mejoras en la tasa de homicidios en comparación con las décadas de los 80 y 90, la muerte de Uribe Turbay representa una amenaza real a la estabilidad democrática y un recordatorio de que la violencia sigue siendo una fuerza latente que puede irrumpir en cualquier momento en el panorama político.
