Oaxaca, México. El estado de Oaxaca se ha unido a Chiapas, Guerrero, Sinaloa y Zacatecas al aprobar una ley pionera para enfrentar el grave problema del desplazamiento forzado interno. La nueva Ley para Prevenir, Atender y Reparar Integralmente el Desplazamiento Forzado Interno fue aprobada por el Congreso Local con 32 votos a favor, marcando un hito en la protección de los derechos de las comunidades, en particular las de los pueblos originarios.
Según lo señalado por activistas y organizaciones sociales, esta ley es resultado de un largo proceso que refleja «la voz y el paso firme de los pueblos, la rebeldía de las comunidades, la dignidad de las víctimas y el acompañamiento de organizaciones sociales y de derechos humanos». Con esta aprobación, Oaxaca busca ofrecer un marco legal sólido que aborde las causas y consecuencias de este fenómeno que afecta a miles de personas en el estado.
Un marco legal para la protección de víctimas
El decreto, que consta de 11 capítulos y 84 artículos, establece las bases para que las autoridades estatales y municipales actúen de manera coordinada. Su objetivo principal es ofrecer una respuesta integral a las víctimas de desplazamiento forzado interno, garantizando su seguridad, acceso a servicios básicos y, lo más importante, la reparación integral del daño sufrido.
La nueva legislación busca dar un paso decisivo para proteger a las personas y comunidades que se ven obligadas a huir de sus hogares por la violencia, la criminalidad o conflictos sociales. Este marco legal no solo busca prevenir, sino también asegurar que las víctimas tengan un camino claro para la atención y la restitución de sus derechos.
Castigos severos para los responsables
Uno de los aspectos más destacados de la ley es el castigo que impone a quienes cometan actos de desplazamiento forzado. Su artículo 80 establece que cualquier persona que, sin fundamento legal, expulse de forma arbitraria a individuos o familias de sus hogares usando violencia, amenazas o abuso de poder, enfrentará una pena de 10 a 18 años de prisión.
Además de la pena de prisión, los responsables de este delito deberán pagar una multa que puede variar de 1,000 a 2,000 o más, dependiendo de la gravedad de la acción. Esta medida busca enviar un mensaje claro de que este tipo de agresiones no serán toleradas en el estado.
Un paso hacia la justicia y la reparación
La ley aprobada en Oaxaca representa un avance significativo en la lucha por la justicia para las víctimas de desplazamiento interno. Al tipificar el desplazamiento como un delito, se abre la puerta para que las víctimas puedan buscar reparación a través del sistema legal. La ley busca no solo castigar a los culpables, sino también establecer un mecanismo para que las víctimas reciban apoyo, vivienda temporal, atención médica y psicológica, así como un proceso para el regreso seguro a sus comunidades o la reubicación en un lugar seguro.
¿Qué diferencia a esta ley de otras?
