
2 SEPTIEMBRE 2025-INTERNACIONAL- El histórico juicio contra el expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, ha dado inicio con una fuerte acusación por parte del fiscal general, Paulo Gonet. El fiscal ha solicitado a la Corte Suprema que se le declare culpable, junto con otros siete acusados, de cinco graves delitos contra el orden democrático. Aunque no se ha sugerido una pena específica, la condena podría alcanzar hasta los 40 años de cárcel. Este proceso, que se ha iniciado bajo estrictas medidas de seguridad, cuenta con la notable ausencia del principal acusado, quien no se presentó debido a supuestos problemas de salud.
La Fiscalía argumenta que Bolsonaro lideró una «organización criminal armada» con el objetivo de anular los resultados de las elecciones presidenciales de 2022, en las que el actual mandatario, Luiz Inácio Lula da Silva, resultó ganador. Según el fiscal Gonet, este grupo intentó dar un golpe de Estado para que el expresidente pudiera mantenerse en el poder. La acusación se sostiene en la ratificación de los hechos por parte de 52 testigos que declararon durante la fase de instrucción, lo que demuestra la solidez de las pruebas presentadas.
El fiscal Gonet describió detalladamente el plan de la «organización criminal», cuyo fin era «desconocer la voluntad popular» y evitar que Lula da Silva asumiera el poder. Afirmó que las pruebas, compuestas por testimonios y documentos, son suficientes para demostrar las prácticas repudiadas por la ley penal. Además, reveló que el intento de golpe de Estado no se consumó porque no contó con el apoyo de los líderes del Ejército y la Aeronáutica, quienes se negaron a participar en la ruptura democrática. Este hecho subraya la importancia de la institucionalidad y el respeto a la Constitución en momentos de crisis política.

Estrategia de golpe de estado: Un plan sistemático de ataque a las instituciones
Desde 2021, el grupo liderado por el expresidente adoptó una táctica para generar desconfianza en las instituciones democráticas y promover un «proyecto autoritario». El fiscal Gonet señaló que el objetivo final era un golpe de Estado. Como parte de esta estrategia, se convocaron manifestaciones contra las autoridades judiciales y electorales, buscando «incitar a una rebelión popular» que tomó forma después de la victoria electoral de Lula en octubre de 2022. La investigación revela que Bolsonaro se comunicaba constantemente con los líderes de las protestas, animándolos a «mantenerse firmes y no ceder». Este tipo de acciones debilitan la confianza en el sistema electoral y ponen en riesgo la estabilidad de una nación.
El juez Alexandre de Moraes, quien preside la audiencia, enfatizó la importancia de la imparcialidad del Supremo Tribunal Federal para «aplicar justicia en cada caso específico, sin importar amenazas ni coerción». Su declaración resalta la necesidad de que las instituciones judiciales actúen de manera independiente para proteger la democracia y evitar la impunidad, la cual, según sus palabras, «deja cicatrices traumáticas en la sociedad y corroe la democracia». Este juicio, por lo tanto, no solo busca juzgar al expresidente y sus colaboradores, sino también enviar un mensaje contundente sobre el respeto al orden constitucional.
