Ciudad de México.- Hugo Aguilar Ortiz, quien ha asumido la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) este 1 de septiembre, ha declarado que la nueva conformación del máximo tribunal tiene como objetivo principal garantizar el equilibrio entre los poderes Ejecutivo y Legislativo. En una entrevista, el ministro presidente electo afirmó que la Suprema Corte no dudará en corregir cualquier acto de deshonestidad, corrupción o vulneración de derechos, sin importar de dónde provengan. Con un enfoque crítico, Aguilar Ortiz señaló que la nueva era del poder judicial buscará ofrecer una visión renovada al sistema de justicia en México.
El nuevo ministro presidente, que fue electo por voto popular, enfatizó que los nueve ministros electos buscarán un nuevo enfoque y una nueva visión para el sistema de justicia. Al ser cuestionado sobre si la Corte corregirá los excesos del Ejecutivo o del Legislativo, respondió con firmeza: «Sin ninguna duda, y venga de donde venga». Señaló que la SCJN no buscará entorpecer los cambios, sino que se apegará a la Constitución para resolver los conflictos. Este pronunciamiento es de gran importancia, ya que promete un contrapeso real y una revisión objetiva de las acciones de los otros poderes del Estado.
Un Nuevo Enfoque en la Justicia y su Relación con los Pueblos Indígenas
Uno de los puntos más polémicos que tocó Hugo Aguilar fue su participación en la consulta del Tren Maya, que ha generado críticas de comunidades indígenas. El ministro presidente electo explicó que su rol fue únicamente de diseño metodológico y de implementación de un estándar internacional, y que su objetivo fue hacer justicia al aplicar el Convenio 169 de la OIT y la Declaración Universal de Derechos de los Pueblos Indígenas. Afirmó que esta fue la primera vez que se aplicaron estos instrumentos internacionales para una consulta en un proyecto de tal envergadura, y que la mayoría de las comunidades aceptaron el proyecto. Su defensa de la consulta, a pesar de las opiniones negativas, busca mostrar una justicia transparente.
Además de la consulta, Aguilar Ortiz anunció cambios importantes en el funcionamiento de la Corte. Con la reforma judicial, se eliminan las Salas y las decisiones ahora se tomarán en Pleno. Esto significa que los temas centrales, que antes se decidían con solo tres votos, ahora requerirán un consenso de al menos seis ministros, lo que exigirá más diálogo y análisis. El ministro también prometió que la Corte saldrá de la Ciudad de México y tendrá sesiones itinerantes en otras partes del país, acercando la justicia accesible a las problemáticas específicas de cada región.
La Libertad del Voto Ciudadano y el Futuro de la Justicia
El ministro Aguilar Ortiz afirmó que su plena libertad de actuación está garantizada por los seis millones de votos que recibió, y no por compromisos con ningún grupo de interés, sindicato o poder político. Este es un punto crucial, pues destaca que su único compromiso es con la ciudadanía y con la Constitución. Prometió equilibrar la balanza de la justicia para aquellos sectores sociales que tradicionalmente han sido excluidos y que no tienen los recursos para contratar abogados calificados. Esta promesa de una justicia equitativa busca reconstruir la confianza del pueblo en el sistema judicial.
Para finalizar, el ministro presidente compartió su visión de una Corte más cercana a la gente. Afirmó que buscará hacerla más accesible, sacándola del «pedestal en el que está» y permitiendo que la ciudadanía entienda la labor de los ministros y jueces. Esto, según él, fortalecerá el sistema de justicia del país. Además, señaló que la nueva integración de la Corte tendrá un «plus» en materia de pueblos y comunidades indígenas y afroamexicanas, un área donde históricamente han sido excluidos y cuyos derechos se debatían sin su presencia. Esta nueva dirección busca una justicia para todos, que atienda a los sectores que han sido olvidados.
Más Allá de la Promesa: El Desafío de la Implementación
Las promesas de Hugo Aguilar Ortiz, aunque optimistas y alineadas con las demandas de la sociedad, enfrentan el enorme desafío de la implementación. La Suprema Corte ha sido históricamente percibida como un poder lejano, elitista y, en ocasiones, al servicio de intereses particulares. Convertir estas palabras en acciones concretas requerirá más que buena voluntad. La apertura de la Corte al diálogo, la itinerancia de sus sesiones y la inclusión de perspectivas indígenas son pasos en la dirección correcta, pero la verdadera prueba será cuando se enfrenten a decisiones que pongan a prueba su independencia y su compromiso con los ciudadanos, especialmente cuando se trate de casos que involucren a los poderes Ejecutivo y Legislativo. La ciudadanía estará atenta para ver si la nueva Corte cumple su promesa de ser un verdadero contrapeso y si la justicia transparente es una realidad o solo un eslogan.
