El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha solicitado una investigación contra el abogado Frank Pérez, actual defensor de Miguel Treviño Morales, alias El Z-40, al considerar que su participación en el caso representa un evidente conflicto de interés. Las autoridades estadounidenses señalan que Pérez había confirmado su intención de abandonar la defensa, pero hasta ahora se ha resistido a cumplir esa decisión. Esta situación ha levantado sospechas y preocupa a los fiscales, quienes buscan evitar que un mismo abogado represente a criminales con intereses encontrados.
De acuerdo con el reporte oficial, Pérez no solo trabaja con El Z-40, sino que también representa a figuras clave del narcotráfico como Ismael “El Mayo” Zambada, Vicente Zambada Niebla “El Vicentillo” y Antonio Oseguera Cervantes, hermano del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación. Este abanico de clientes ha puesto en duda la imparcialidad del abogado, ya que muchos de estos capos podrían tener testimonios o intereses legales que se crucen de manera directa en procesos judiciales en curso.
El Z-40 y sus procesos judiciales en EU
Miguel Treviño Morales, mejor conocido como El Z-40, fue expulsado de México a Estados Unidos en febrero pasado para enfrentar cargos vinculados con narcotráfico, violencia organizada y lavado de dinero. La llegada de este capo a territorio estadounidense ha reactivado investigaciones pendientes y también ha abierto nuevas líneas de indagación que podrían involucrar a otros líderes del crimen organizado.
Lo que preocupa a las autoridades es que un mismo abogado maneje información sensible de varios cárteles que, en muchos casos, son rivales directos. De ahí que el Departamento de Justicia insista en que Pérez debe dejar de ser el representante de Treviño Morales para garantizar la transparencia del proceso.
Un conflicto legal con alcance internacional
El hecho de que Pérez defienda a capos del nivel de El Z-40, “El Mayo” Zambada y personajes vinculados al CJNG revela la magnitud del conflicto. El sistema judicial estadounidense busca evitar que filtraciones de información o acuerdos indebidos afecten los procesos legales. Incluso se ha mencionado que este caso podría marcar un precedente en las reglas de representación legal en casos de delincuencia organizada trasnacional.
Como valor agregado, especialistas en seguridad consideran que la investigación contra el abogado Pérez refleja también la estrategia de Estados Unidos para presionar a las redes legales y financieras de los cárteles, más allá de las capturas de sus líderes. De hecho, la fiscalía estadounidense ha señalado que en los últimos años se ha enfocado en limitar los recursos legales de los capos, entendiendo que la defensa jurídica es uno de los principales escudos que les permite prolongar procesos o negociar acuerdos.
