Miguel Uribe Londoño, padre del finado senador Miguel Uribe, ha expresado su profunda indignación por la condena al menor de edad que asesinó a su hijo, calificando la sentencia de siete años como un «insulto a Colombia». Las declaraciones de Uribe Londoño se producen en un momento de luto y dolor para su familia, y han reabierto el debate en el país sobre el sistema de justicia penal juvenil y su efectividad ante crímenes de gran gravedad.
El padre del senador expresó su sentir en un programa de radio, en donde fue contundente con sus críticas. “Es un insulto a la sociedad, un insulto a los colombianos. Ese sicario sabía lo que estaba haciendo, él no es un niño, esa ley hay que cambiarla”, afirmó. Sus palabras no solo reflejan su dolor, sino también la frustración de una familia que siente que la justicia no ha sido suficiente para honrar la memoria de su ser querido y para castigar adecuadamente al responsable.
La indignación familiar y el llamado a un cambio en la ley
La sentencia de siete años no solo generó indignación por la duración, sino también por la decisión de reducirla en un año por el simple hecho de que el adolescente de 15 años reconoció los hechos. El padre del senador cuestionó abiertamente que el sistema judicial otorgue beneficios a quienes cometen crímenes tan atroces, lo que, a su juicio, desvirtúa el propósito de la justicia y envía un mensaje equivocado a la sociedad sobre la impunidad.
El padre del senador ha dejado claro que su llamado no es solo por su caso, sino por un cambio estructural en el sistema judicial. Considera que la legislación actual está desactualizada y no responde a la realidad de la criminalidad que involucra a menores de edad. Sus declaraciones han encontrado eco en diversos sectores de la sociedad, que ven en la polémica condena un punto de inflexión para exigir una reforma legal que permita imponer penas más severas a los jóvenes que cometen delitos graves.
El contexto de la justicia penal juvenil en Colombia
Para entender la condena de siete años y la indignación de la familia, es necesario conocer el contexto legal. En Colombia, los menores de 18 años son juzgados bajo el Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes (SRPA), que es distinto al sistema penal para adultos. La ley establece que la pena máxima para los menores que cometen crímenes graves, como homicidio, es de ocho años de privación de libertad, ya que el sistema prioriza la rehabilitación sobre el castigo. Por esta razón, la sentencia dictada se encuentra dentro del marco legal vigente, a pesar de la percepción de impunidad.
