27 AGOSTO 2025- CANCÚN, Q. ROO.- Dos personas, un hombre y una mujer, fueron detenidas en la Región 254 de Cancún por presuntamente cometer el delito de quebrantamiento de sellos. Los arrestos se llevaron a cabo por la Secretaría Municipal de Seguridad Ciudadana y Tránsito (SMSCyT) de Benito Juárez, luego de que los agentes los encontraran retirando los sellos de aseguramiento que había colocado la Fiscalía General del Estado en una propiedad.
Los detenidos, identificados como Luis “N”, de 28 años, y Erika Yuliana “N”, de 32 años, no pudieron presentar ningún documento que los autorizara a remover los sellos o a ingresar al predio. Ante la falta de una explicación válida y de la evidencia de la acción ilegal, los oficiales procedieron a su arresto inmediato.
Procedimiento y detención por quebrantamiento de sellos
El suceso se desarrolló mientras los agentes realizaban una ronda de vigilancia y prevención del delito en la zona. Al notar que la pareja manipulaba los sellos de seguridad, se acercaron para cuestionarlos. Las personas admitieron no tener los permisos necesarios para realizar dicha acción, lo que confirmó las sospechas de los oficiales.
La falta de autorización y el hecho de estar removiendo una evidencia legalmente colocada, llevó a que ambos fueran puestos a disposición de la autoridad competente. Ahora, se enfrentarán a los procedimientos legales correspondientes para determinar su situación jurídica y las consecuencias de sus actos.
Graves consecuencias legales
El delito de quebrantamiento de sellos no es un simple acto vandálico; se trata de una falta grave que tiene serias implicaciones legales en México. Este ilícito se configura cuando una persona remueve, rompe o daña sellos o marcas oficiales que han sido colocados por una autoridad para asegurar un bien, un inmueble o un área determinada.
Las penas para este delito pueden variar dependiendo del estado y de la gravedad de la acción. Generalmente, incluyen multas económicas importantes e incluso penas de prisión. La colocación de estos sellos es un acto de la autoridad que busca preservar la evidencia de un delito, asegurar una propiedad o evitar su uso indebido, por lo que su violación se castiga con severidad.
