26 de Agosto 2025.- En un movimiento que busca devolver la credibilidad a las instituciones, el nuevo fiscal de Michoacán, Carlos Torres Piña, ha emitido una circular histórica para prohibir de manera categórica los llamados “moches”. Con esta medida, el fiscal busca erradicar la práctica corrupta de algunos servidores públicos que exigían dinero a las víctimas a cambio de trámites y servicios. Esta prohibición de «moches» es un paso crucial para garantizar una justicia imparcial y accesible para todos los ciudadanos.
La circular 5/2025 establece de forma contundente que ningún funcionario de la Fiscalía General del Estado puede pedir o recibir comisiones, pagos o dádivas, ya sea en dinero o en especie. La directiva abarca una amplia gama de servicios esenciales, desde la recepción de denuncias y la expedición de constancias hasta la devolución de vehículos asegurados y, un punto especialmente sensible, la entrega de cadáveres a los familiares. Esta lucha contra la corrupción es una respuesta directa al repudio de la ciudadanía.
Un compromiso con la justicia y los derechos humanos
La circular del fiscal Torres Piña no solo se enfoca en la prohibición, sino que también subraya la importancia de apegarse a principios fundamentales de la justicia. La medida exige que los servicios se realicen con honradez, objetividad, gratuidad, no revictimización y un estricto respeto a los derechos humanos. Este enfoque integral busca asegurar que las víctimas no solo obtengan los servicios que necesitan, sino que también sean tratadas con dignidad y sin la carga adicional de la extorsión.
La medida del fiscal representa un cambio significativo en la forma de operar de la Fiscalía, prometiendo un servicio más transparente y humano. La eliminación de «moches» es una pieza clave para reconstruir la confianza del público en las instituciones de procuración de justicia, demostrando que la administración actual está comprometida con la defensa de los derechos de las personas y no con el enriquecimiento ilícito de sus funcionarios.
Consecuencias penales y administrativas para quienes incumplan
Para asegurar el cumplimiento de la directiva, el documento establece sanciones severas. Los casos de incumplimiento serán turnados a la Fiscalía de Asuntos Internos o a la Contraloría de la institución, lo que podría resultar en sanciones administrativas y, en casos graves, en acciones penales. Esta firmeza es necesaria para garantizar que el mensaje de cero tolerancia a la corrupción sea tomado en serio por todos los empleados.
La nueva circular es una herramienta para empoderar a la ciudadanía, que ahora cuenta con una vía clara para denunciar cualquier acto de corrupción. La directriz del fiscal Carlos Torres Piña es un llamado a la acción y un recordatorio de que la justicia debe ser un derecho, no un servicio sujeto a condicionamientos económicos.
El contexto de la corrupción en el sistema de justicia
La prohibición de los «moches» es una respuesta directa a una problemática profundamente arraigada en el sistema de justicia mexicano. Históricamente, las prácticas corruptas han revictimizado a las personas, desincentivando las denuncias y socavando la credibilidad de las autoridades. Esta nueva medida es un paso necesario para empezar a desmantelar una cultura de corrupción que ha afectado a miles de familias.
Un nuevo amanecer para la procuración de justicia
Con esta iniciativa, el fiscal de Michoacán busca sentar un precedente importante a nivel nacional. La prohibición de «moches» es un reflejo de un compromiso real con la transparencia y la rendición de cuentas, elementos esenciales para construir una sociedad más justa. Esta medida no solo beneficia a las víctimas, sino que también mejora la eficiencia y la ética de la propia Fiscalía.
La voz de las víctimas
El nuevo fiscal ha escuchado a las víctimas, a quienes a menudo se les exigía una «cooperación» para avanzar en sus casos, lo cual, además de ser ilegal, era una carga emocional y económica. Al eliminar esta práctica, se les está permitiendo a las víctimas concentrarse en su proceso de duelo y sanación, sin la presión de tener que pagar para obtener lo que por ley les corresponde.
