25 de Agosto 2025.- Católicos de la diócesis de San Cristóbal de las Casas alzaron la voz en una “Peregrinación por la paz” en el municipio de Venustiano Carranza, Chiapas. Con esta movilización, los feligreses buscan denunciar la escalada de violencia que, según ellos, es ignorada por las autoridades federales y estatales. Aseguran que la disputa de territorio entre cárteles de la droga ha provocado secuestros, desapariciones y asesinatos que han terminado en el desplazamiento forzado de familias enteras. En un discurso crítico y directo, el llamado “Pueblo Creyente” recriminó la falta de acción y la negación oficial de una crisis que está afectando la vida de las comunidades.
La cruda realidad que el gobierno ignora
Durante la manifestación, los participantes expusieron con detalle la preocupante situación que viven día a día. Alertaron sobre cómo el narcomenudeo ha logrado infiltrarse en las escuelas, tanto en zonas urbanas como en las comunidades parroquiales, corrompiendo a la juventud. A esta situación se le suma el aumento de establecimientos que venden alcohol de manera ilegal, los cuales se han transformado en centros de violencia y venta de drogas, donde la falta de control gubernamental es evidente. Los católicos no se limitaron a señalar la inacción de las autoridades, sino que fueron más allá, sugiriendo que algunos funcionarios podrían estar coludidos con los grupos criminales.
Los integrantes del Pueblo Creyente también acusaron a los delincuentes de buscar el control de las tierras para explotar los recursos naturales. La violencia y los ataques a las poblaciones, según su denuncia, no son solo para sembrar terror, sino que tienen un objetivo económico: adueñarse del territorio. La gente de fe lamentó que, a pesar de las constantes denuncias y las claras muestras de la realidad, los gobiernos estatal y federal insisten en un discurso oficial de negación, como si vivieran en un “mundo paralelo” al del pueblo. Con esta postura, los manifestantes señalan que las autoridades comparten la responsabilidad por el sufrimiento y la violencia que asola a Chiapas.
Un llamado por la libertad y el diálogo
Además de denunciar la violencia generalizada, la Peregrinación por la paz también exigió la libertad de siete personas a las que consideran presos políticos: Manuel Santiz Aguilar, Juan Velazco Aguilar, Agustín Pérez Domínguez, Martín Pérez Domínguez, Agustín Pérez Velazco, Pedro Cortés López y Diego Mendoza Cruz, originarios de los municipios de San Juan Cancuc y Pantelhó. Este llamado a la liberación de activistas y defensores subraya la conexión entre la represión estatal y la opresión de los grupos criminales. Los manifestantes declararon su compromiso con la búsqueda de caminos de diálogo, alejándose de la violencia y la venganza que, a su parecer, promueve el mismo Estado.
El drama del desplazamiento forzado de las comunidades no es una exageración. Un claro ejemplo de esta violencia lo dio a conocer el Instituto Guatemalteco de Migración, que otorgó estatus de permanencia por razones humanitarias a 161 chiapanecos que buscaron refugio en su país. Este grupo de 39 familias, provenientes de Frontera Comalapa, fue catalogado como “desplazados por la violencia del crimen organizado”, lo que confirma la situación de emergencia que se vive en la zona fronteriza. Este hecho desmiente de manera contundente el discurso oficial de que “no pasa nada” y pone en evidencia la gravedad de la crisis que vive Chiapas.
La violencia en Chiapas no se limita a un par de municipios, sino que se ha convertido en un fenómeno generalizado que afecta la vida de miles de personas. El problema de fondo es la impunidad y el abandono de las comunidades, lo que permite a los grupos criminales operar con total libertad. La Peregrinación por la paz de los católicos no es solo una marcha, sino un acto de valentía y resistencia. Es una respuesta a la indiferencia de las autoridades y un recordatorio de que la paz solo se puede construir sobre la justicia y la verdad. La violencia que se vive en el estado requiere de una respuesta contundente y coordinada del gobierno, en lugar de negar una realidad que ya ha cruzado fronteras.
