25 de Agosto 2025.- Transportistas, familiares y vecinos han tomado la autopista México-Querétaro en un intento desesperado por presionar a las autoridades para que localicen a Carlos Cornelio Ortega, un taxista de 25 años que desapareció el 22 de agosto. Los manifestantes, que han generado bloqueos intermitentes a la altura de Soyaniquilpan, en el Estado de México, aseguran que la desaparición está vinculada a una extorsión que la víctima se negó a pagar a presuntos miembros de la organización criminal La Familia Michoacana. La situación ha provocado un severo caos vehicular, afectando a miles de automovilistas que transitan por una de las vías más importantes del país. La indignación crece ante la aparente inacción de las autoridades, mientras la incertidumbre y el miedo se apoderan de la comunidad de transportistas.
Cargas de tráfico y un clamor por justicia
La autopista, en su kilómetro 93 con dirección a la Ciudad de México, se ha convertido en el epicentro de una protesta que evidencia la vulnerabilidad de quienes se dedican al transporte público. Caminos y Puentes Federales (Capufe) ha confirmado la intermitencia en la circulación y ha alertado sobre la gran carga vehicular, recomendando a los conductores tomar precauciones. Sin embargo, para los manifestantes, la paralización del tráfico es una medida extrema, pero necesaria, para que la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) actúe con celeridad. El clamor por encontrar a Carlos Cornelio, un taxista que fue visto por última vez en Jilotepec, resuena entre el sonido de los cláxones y el grito de «¡Justicia!».
La FGJEM ha difundido un boletín de urgencia con las características de Carlos Cornelio, pero para sus seres queridos, la respuesta es insuficiente. Consideran que la burocracia y la lentitud en la investigación ponen en riesgo la vida del joven transportista. La denuncia de que La Familia Michoacana está detrás del secuestro por el impago de una cuota de extorsión.
Un patrón de violencia contra los trabajadores del transporte
El caso de Carlos Cornelio no es un hecho aislado. Hace apenas un mes, el 22 de julio, los transportistas ya habían protagonizado bloqueos parciales en las autopistas México-Querétaro, México-Pachuca y Arco Norte. En esa ocasión, exigían la localización de Bernardo Aldana Becerril, coordinador de la Alianza de Autotransportistas, Comerciantes de México (ACME) en Jilotepec.
La repetición de este tipo de incidentes, con un mes de diferencia y en zonas geográficamente cercanas, sugiere una escalada de violencia dirigida hacia el sector. La extorsión y el secuestro se han convertido en una táctica recurrente para estos grupos criminales, aprovechándose de la falta de protección efectiva por parte de las autoridades. El bloqueo actual, más que un simple acto de protesta, es una llamada de auxilio de un gremio que se siente abandonado. Es un grito desesperado por ser escuchados y protegidos, antes de que el siguiente nombre en la lista de desaparecidos sea de otro transportista o taxista.
El problema de la extorsión y la violencia contra los transportistas no se limita a un par de incidentes; es una plaga sistémica que tiene profundas raíces. La falta de un marco legal sólido que castigue con mayor severidad estos delitos, aunado a la corrupción y la impunidad, crea un caldo de cultivo perfecto para que los criminales operen con total libertad. Las autoridades, en lugar de actuar de manera reactiva ante cada bloqueo, deberían implementar estrategias de inteligencia y prevención que desmantelen estas redes de extorsión desde su origen. La seguridad de los ciudadanos no puede estar sujeta a la buena voluntad de las bandas criminales, ni a la presión que un bloqueo vial pueda ejercer sobre las autoridades. El Estado tiene la obligación de garantizar la integridad y el patrimonio de los transportistas y de todos sus ciudadanos, y en este caso, está fallando de manera estrepitosa.
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