22 de Agosto 2025.- Una jueza federal emitió ayer una orden preliminar que detiene la expansión y ordena la reducción del centro de detención de inmigrantes conocido como Alligator Alcatraz, construido en medio de los Everglades de Florida. La instalación, criticada por activistas, supuestamente viola leyes ambientales y pone en riesgo humedales sensibles que albergan flora y fauna protegida. La decisión formalizó la suspensión temporal que había dictado hace dos semanas, mientras se realizaban audiencias y testigos declaraban sobre la legalidad y necesidad del lugar.
La jueza de distrito Kathleen Williams estableció que la población del centro deberá disminuir gradualmente dentro de los próximos 60 días, mediante la transferencia de detenidos a otras instalaciones. Posteriormente, se deberán retirar cercas, iluminación y generadores, y no se permitirá ingresar a nuevos detenidos, limitando el acceso únicamente a quienes ya se encuentran en el lugar. La orden preliminar incluye a funcionarios estatales y federales, así como a sus empleados y agentes.
Impacto político y ambiental
El estado de Florida anunció una apelación de la decisión. Alex Lanfranconi, portavoz del gobernador Ron DeSantis, afirmó que “las deportaciones continuarán hasta que mejore la moral”, destacando la tensión entre la administración estatal y la justicia federal. Por su parte, la jueza Williams subrayó que el estado nunca dio una explicación suficiente sobre la necesidad de construir la instalación en medio de los Everglades y que no se consideraron ubicaciones alternativas más adecuadas.
Grupos ambientalistas y la tribu Miccosukee habían argumentado que las obras debían detenerse hasta cumplir con las evaluaciones ambientales requeridas. Eve Samples, directora ejecutiva de Friends of the Everglades, calificó el fallo como una victoria histórica para la protección de los Everglades y de los estadounidenses que consideran vital la preservación de este ecosistema. Talbert Cypress, presidente de la comunidad Miccosukee, recordó que su tribu siempre defenderá su cultura, soberanía y los Everglades.
La orden también llega en un contexto político delicado: el presidente Donald Trump visitó el lugar el mes pasado y lo mencionó como un posible modelo para futuros centros de detención, reflejando la intención de expandir la infraestructura necesaria para el aumento de deportaciones. Esto genera un debate nacional sobre la legalidad, sostenibilidad y ética de construir instalaciones de este tipo en zonas ambientalmente sensibles.
Expertos en derecho ambiental destacan que la decisión de la jueza podría marcar un precedente para futuros proyectos federales y estatales en ecosistemas protegidos. Si se confirma la suspensión y el desmantelamiento, se enviaría un mensaje claro sobre la obligación de cumplir leyes ambientales incluso ante prioridades de seguridad y migración. Además, las evaluaciones pendientes podrían exigir compensaciones y restauraciones ecológicas que reviertan el impacto de la construcción, protegiendo especies y humedales que tardan décadas en recuperarse.
