22 de Agosto 2025.- El presidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves, denunció este viernes ante una comisión parlamentaria lo que calificó como un «intento de golpe de Estado judicial». Esta situación se da tras el pedido de la Fiscalía de quitarle los fueros para procesarlo por el delito de concusión, que implica abuso de poder para favorecer a alguien y que está penado con hasta ocho años de cárcel. La situación ha generado un intenso debate político sobre los límites del poder presidencial y la independencia de la justicia en el país.
Chaves se presentó ante los diputados que deben recomendar al pleno de la Asamblea Legislativa si se le retira la inmunidad. En esta votación, la oposición tiene mayoría, lo que aumenta la presión sobre el mandatario. Se trata de la primera vez en la historia de Costa Rica que un presidente enfrenta un pedido de desafuero aprobado por la Corte Suprema, desde el pasado 1 de julio.
El mandatario, un economista conservador y populista de 64 años, señaló que se encuentra «frente a ustedes (…) enfrentando literalmente un intento de golpe de Estado judicial». Sus declaraciones han polarizado la opinión pública, con críticos que cuestionan su respeto a la independencia de poderes y defensores que lo consideran víctima de maniobras políticas.
Acusaciones de corrupción y manejo de fondos
La Fiscalía acusa a Chaves de haber obligado a una empresa de servicios de comunicación contratada por la Presidencia a entregar 32.000 dólares a su amigo y exasesor de imagen, Federico Cruz. Según la investigación, la contratación de esta empresa, que prestó servicios durante su mandato iniciado en 2022, se realizó con fondos del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) mediante un procedimiento «aparentemente» indebido.
El mandatario calificó el caso como un «montaje» y criticó duramente al fiscal general, Carlo Díaz, acusándolo de mentir y servir a intereses políticos que buscan desestabilizarlo. «Compatriotas, ¿ustedes de verdad creen que este caso tenga algún sentido, más allá del servilismo de un fiscal incompetente, torpe, sirviendo a la red de cuido que le manipula?», cuestionó Chaves durante su intervención.
Chaves también señaló que, tras 36 años de servicio exterior, ahora se enfrenta a lo que describe como la élite política del país, a la que calificó de «casta putrefacta y corrupta». Sus declaraciones reflejan un choque directo entre la administración presidencial y la estructura judicial y legislativa del país, generando un ambiente de alta tensión política.
Analistas consultados señalan que este caso no solo pone a prueba la figura de Chaves, sino también la fortaleza de las instituciones democráticas en Costa Rica. El proceso de desafuero es un mecanismo legal que busca garantizar que nadie, ni siquiera el presidente, esté por encima de la ley, aunque el contexto político pueda influir en las decisiones. La resolución de este caso marcará un precedente importante sobre cómo se manejan las acusaciones de corrupción al más alto nivel.
