Cancún, Q. R., a 20 de agosto de 2025.- El Gobierno de Benito Juárez ejecutó una acción contundente contra la ilegalidad urbana al clausurar 10 desarrollos irregulares de la empresa inmobiliaria Colorines, promovidos bajo el nombre de “VíaMarina”. La decisión, instruida directamente por la presidenta municipal Ana Paty Peralta, surgió a raíz de una denuncia ciudadana que evidenció las graves irregularidades del proyecto.
El operativo fue encabezado por el secretario general del Ayuntamiento, Pablo Gutiérrez Fernández, quien en representación de la alcaldesa colocó los sellos de clausura en los terrenos donde se pretendía iniciar la construcción. Dichos desarrollos buscaban asentarse en una zona de alta conservación ambiental, donde además no es posible garantizar infraestructura básica como agua, drenaje y electricidad.
Clausura para proteger el medio ambiente
El Ayuntamiento informó que, además de encontrarse en un área no apta para urbanizar, los proyectos de VíaMarina carecían de permisos municipales, estatales y federales en materia de Desarrollo Urbano. Esto significa que cualquier venta o promoción de viviendas en la zona no solo era ilegal, sino que representaba un engaño para posibles compradores. La medida busca evitar fraudes y proteger a las familias cancunenses.
Según explicó Gutiérrez Fernández, esta clausura refleja el compromiso de la administración municipal con el crecimiento ordenado y la preservación de los recursos naturales. Subrayó que es responsabilidad de los gobiernos garantizar que el desarrollo económico no comprometa áreas de valor ambiental que funcionan como pulmones naturales y barreras contra fenómenos climáticos.
Compromiso con un desarrollo sustentable
Estas clausuras forman parte de un programa permanente impulsado por el Gobierno de Benito Juárez, cuyo objetivo es frenar proyectos irregulares que ponen en riesgo al ecosistema y afectan la planeación urbana de Cancún. Además, la medida busca enviar un mensaje claro a las empresas inmobiliarias: no habrá tolerancia hacia prácticas que atenten contra el ordenamiento territorial ni contra el bienestar de la población.
Cabe destacar que la proliferación de proyectos ilegales no solo daña el medio ambiente, sino que también genera impactos sociales severos. Colonias sin servicios básicos terminan obligando al municipio a destinar recursos extraordinarios para regularizar zonas, lo que afecta al presupuesto destinado a servicios esenciales como seguridad, alumbrado o pavimentación. Por ello, reforzar la vigilancia y sancionar a empresas irresponsables es un paso necesario para garantizar un desarrollo verdaderamente sustentable.
En el operativo participaron instancias de los tres órdenes de gobierno: la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA), la Procuraduría de Protección al Ambiente (PPA), la Secretaría Municipal de Ecología y Desarrollo Urbano, la Secretaría Municipal de Seguridad Ciudadana y Tránsito, así como Protección Civil. La suma de esfuerzos busca fortalecer la legalidad en Cancún y generar confianza entre la ciudadanía.
