En una operación de alto impacto realizada entre febrero y agosto de 2025, el gobierno mexicano ha entregado a Estados Unidos a 26 presuntos narcotraficantes, muchos de ellos vinculados al Cártel de Sinaloa. Esta decisión, tomada “en estricto apego a la Ley de Seguridad Nacional” y “a solicitud del Departamento de Justicia”, busca desarticular redes criminales capaces de operar desde prisión —sin que se aplique la pena de muerte.
La administración del presidente Donald Trump ha alabado esta colaboración como una muestra de compromiso en la lucha contra el crimen organizado, mientras que la embajada de EE. UU. destacó la cooperación entre agencias como la DEA, el Departamento de Justicia y Seguridad Nacional. Al mismo tiempo, la presidenta Claudia Sheinbaum defendió que la entrega fue una decisión soberana mexicana encaminada a fortalecer la seguridad nacional, aunque analistas advierten una presión evidente desde Washington.
Entre los capos más destacados se encuentran “El 200”, encargado de seguridad de laboratorios de fentanilo ligados a Los Chapitos; “El Jando”, piloto de confianza empleado en entregas aéreas; “El Mero Mero”, operativo cercano a la familia Guzmán; y otros presuntos líderes como “El Chavo Félix” y “El Chuy”, señalado por su participación en asedio violento en Culiacán. En total, al menos nueve de los 26 extraditados están relacionados con facciones del Cártel de Sinaloa —Los Chapitos y La Mayiza— mientras que otros pertenecen a grupos como CJNG y Los Zetas.
Este movimiento representa el segundo envío masivo de capos durante 2025, luego del traslado de 29 delincuentes en febrero, entre ellos Rafael Caro Quintero y los hermanos Treviño Morales. Junto a estas medidas, Estados Unidos ha seguido fortaleciendo sus acciones legales contra el crimen organizado: en agosto presentó cargos contra miembros de Carteles Unidos y estableció sanciones contra varios grupos, incluyendo Sinaloa y Viagras.
