Un vagón del Tren Maya se descarriló en la estación de Izamal, Yucatán, apenas un año y ocho meses después de su inauguración. El incidente ocurrió el 19 de agosto de 2025 cuando el tren número 304, proveniente de Cancún con destino a Mérida, ingresaba a baja velocidad a los andenes y se salió parcialmente de la vía. Aunque no se reportaron heridos, los pasajeros vivieron momentos de tensión al sentir el fuerte movimiento y observar cómo un vagón quedó montado sobre otra unidad estacionada.
De inmediato se activaron los protocolos de emergencia. Personal del Ejército, la Guardia Nacional y Protección Civil evacuaron a los usuarios y los trasladaron en autobuses a sus destinos. Videos difundidos en redes sociales muestran el vagón ladeado y al personal militar tratando de controlar la situación. Algunos testigos señalaron que escucharon ruidos metálicos antes del percance, lo que genera dudas sobre el mantenimiento de las vías y la seguridad operativa del proyecto ferroviario más polémico del país.
Un patrón de fallas que preocupa
Este accidente no es un hecho aislado. En marzo de 2024 se reportó un descarrilamiento en Tixkokob, Yucatán, y en enero de 2025 ocurrió otro en Limones, Quintana Roo, con un tren de carga. Aunque ninguno de estos casos dejó víctimas mortales, reflejan una serie de fallas técnicas que preocupan a especialistas en infraestructura ferroviaria. Para los expertos, la repetición de incidentes a tan poco tiempo de iniciado el servicio muestra que el Tren Maya no estaba listo para operar con seguridad plena.
Más allá de lo técnico, el Tren Maya ha estado en la mira desde su construcción. Organizaciones ambientalistas han denunciado que su trazado provocó desmontes, afectación de cenotes y daños a ecosistemas sensibles de la península. Además, la ONU y colectivos de derechos humanos señalaron que las comunidades indígenas no fueron consultadas adecuadamente, lo que deja un vacío en la legitimidad social del megaproyecto.
Esta discusión está en el papel del Ejército, que no solo opera el Tren Maya sino que también es responsable de su administración y vigilancia. Esto plantea un debate sobre el uso de las Fuerzas Armadas en proyectos civiles y la falta de transparencia que ello implica. Mientras el gobierno federal insiste en que la obra traerá desarrollo, voces críticas advierten que convertir al Ejército en empresario ferroviario puede generar más opacidad que soluciones, dejando de lado a expertos independientes que podrían garantizar mejores estándares de seguridad.
El director del Tren Maya, Óscar David Lozano, admitió en julio que el sistema aún funciona por debajo de su capacidad y que su rentabilidad se espera hasta 2030. Sin embargo, con cada incidente como el de Izamal, crece la percepción de que el proyecto nació con prisas, improvisación y decisiones políticas por encima de lo técnico. El futuro del tren, más que depender de la rentabilidad prometida, ahora parece condicionado por su capacidad para demostrar que puede operar sin convertirse en un riesgo constante para los pasajeros y el medio ambiente.
