Un tribunal del Reino Unido dictaminó que los solicitantes de asilo alojados en The Bell Hotel, en Epping, Essex, deben ser trasladados después de que el Consejo del Distrito Forestal de Epping obtuviera una orden judicial temporal. La medida se da luego de la preocupación de la comunidad tras incidentes recientes cerca del hotel, generando tensión entre autoridades locales y el Ministerio del Interior.
Motivos de la orden judicial
La orden fue solicitada por el consejo local para impedir que migrantes continuaran siendo alojados en el hotel, propiedad de Somani Hotels Limited. La decisión se produce después de que miles de personas protestaran en las inmediaciones tras un caso donde un solicitante de asilo fue acusado de agredir sexualmente a una niña de 14 años en la ciudad, lo que generó alarma en la comunidad.
El juez Eyre rechazó un intento de última hora de la ministra del Interior, Yvette Cooper, para que se desestimara el caso, dejando claro que los solicitantes de asilo deben abandonar el hotel antes de las 16:00 BST del 12 de septiembre. Actualmente, las 80 habitaciones del hotel estaban ocupadas, con alrededor de 140 hombres viviendo allí hasta el mes pasado.
Impacto para el sistema de asilo
El Ministerio del Interior advirtió que la decisión podría “afectar sustancialmente” su capacidad para alojar solicitantes de asilo en hoteles de todo el Reino Unido, señalando que la medida temporal podría generar complicaciones logísticas y aumentar la presión sobre otros centros de alojamiento.
Expertos en migración señalan que estos traslados forzosos, aunque motivados por la seguridad pública, pueden afectar la estabilidad emocional y la integración de los solicitantes de asilo, quienes a menudo enfrentan condiciones ya difíciles y vulnerables. Por ello, recomiendan planificar alternativas de alojamiento seguras y adecuadas que eviten conflictos con la comunidad local.
La medida también pone de relieve la tensión entre las autoridades locales y el gobierno central en el manejo de la crisis migratoria, así como la necesidad de protocolos claros para equilibrar seguridad, derechos humanos y capacidad de alojamiento en situaciones de alta demanda.
