Ocho venezolanos deportados desde Estados Unidos relatan los abusos sufridos en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), la megacárcel de máxima seguridad en El Salvador. Inaugurada en 2023 por el presidente Nayib Bukele, la prisión fue diseñada para pandilleros, pero entre marzo y julio de 2025 recibió a 252 migrantes venezolanos deportados bajo la administración Trump, quienes fueron separados de los pandilleros y obligados a someterse a tratos que describen como brutales.
Arturo Suárez y Edwuar Hernández narran cómo fueron golpeados al llegar, despojados de sus pertenencias y obligados a hincarse frente a custodios mientras sus cabezas eran afeitadas. “Nos pegaron por las costillas, no nos dejaban ni colocarnos la ropa”, recuerda Mervin Yamarte, otro de los migrantes. Los deportados aseguran que fueron acusados falsamente de pertenecer al Tren de Aragua, banda criminal venezolana considerada organización terrorista por Estados Unidos, aunque el DHS no ha proporcionado evidencia para respaldar tales señalamientos.
Una llegada marcada por la violencia
Los migrantes viajaron esposados desde Estados Unidos, creyendo que serían enviados a Venezuela, pero aterrizaron en El Salvador y fueron trasladados al Cecot con golpes y empujones. Allí, fueron obligados a vestirse con uniforme blanco y sandalias croc, mientras se les comunicaba que no volverían a probar carne ni pollo, un mensaje que reflejaba la deshumanización de la prisión. A los migrantes se les identificaba dentro del módulo 8 como “los minions” debido al color de sus uniformes, diferenciándolos de los pandilleros salvadoreños.
Durante los cuatro meses que permanecieron en la cárcel, los deportados estuvieron expuestos a celdas de aislamiento llamadas “la isla”, donde recibían golpes, cachetadas y eran humillados verbalmente. Joén Suárez relata que las celdas solo contaban con un pequeño agujero en el techo como fuente de luz, y que los internos eran obligados a realizar labores de limpieza y manejo de basura sin ningún tipo de protección legal.
Denuncias de violaciones a derechos humanos
El Cecot ha recibido elogios por parte de Bukele como ejemplo de mano dura contra las maras, pero organizaciones de derechos humanos y los propios migrantes denuncian graves violaciones. Las acusaciones incluyen maltrato físico, aislamiento prolongado y humillaciones constantes. BBC News Mundo solicitó comentarios a la Presidencia y al Ministerio de Seguridad de El Salvador, pero no recibió respuesta.
El contexto se complica por la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, utilizada por Trump para justificar las deportaciones sin esperar decisiones administrativas o judiciales, y a pesar de que un juez del Distrito de Columbia suspendió los traslados argumentando que la ley no podía aplicarse a estas expulsiones. Los deportados afirman que fueron arrestados por tener tatuajes vinculados al Tren de Aragua, sin que se les permitiera defenderse o presentar pruebas de inocencia.
Esta investigación es que evidencia cómo políticas de seguridad nacional y migratoria pueden combinarse con prisiones de máxima seguridad para crear escenarios de abuso sistemático. Expertos en derechos humanos señalan que la detención de migrantes en prisiones diseñadas para pandilleros no solo incrementa el riesgo de violencia, sino que también vulnera los tratados internacionales sobre protección de migrantes y debido proceso.
Los deportados describen el Cecot como un lugar inmenso, frío e inhóspito, que funciona como una “ciudad carcelaria” donde los internos son despojados de su identidad y sometidos a castigos físicos y psicológicos. Andry Hernández, quien pidió asilo en EE.UU., fue catalogado como sospechoso de pertenecer a la banda solo por tener tatuajes, evidenciando que criterios arbitrarios pueden determinar la libertad de un migrante.
Aunque el gobierno salvadoreño defiende la cárcel como modelo de control de pandillas, estas denuncias revelan un patrón preocupante: la aplicación de medidas extremas sin garantías legales básicas. La experiencia de los ocho venezolanos deportados muestra que las políticas de deportación y las megacárceles pueden convertirse en instrumentos de abuso, dejando en evidencia la necesidad de supervisión internacional y reformas profundas en el manejo de migrantes y presos en El Salvador
