Sábado 16 de Agosto 2025.- En Veracruz se vive un caso que ha generado indignación social y enojo ciudadano. Un sacerdote, identificado como Mario “N”, fue vinculado a proceso por el delito de agresión física infantil, tras ser acusado de pederastia agravada en perjuicio de una menor cuya identidad está protegida. Según la Fiscalía General del Estado, los hechos ocurrieron entre 2020 y 2024 en los municipios de Tierra Blanca y Cuitláhuac, donde el religioso habría cometido las agresiones de manera constante.
Familiares exigen justicia
Familiares y amigos de la víctima realizaron una protesta en Córdoba, frente a la catedral y la sede de la diócesis, para exigir que no se libere al sacerdote acusado. Durante la manifestación expresaron su temor de que el proceso judicial se vea manipulado, ya que señalaron que han existido cambios sospechosos en las fechas de las audiencias. De acuerdo con los manifestantes, estas acciones parecen encaminarse a favorecer al agresor, lo cual pondría en duda la imparcialidad de las autoridades judiciales.
El sacerdote, quien pertenecía a la parroquia de la Transfiguración del Señor en Tierra Blanca, fue detenido el pasado fin de semana en el puerto de Veracruz, a donde se había trasladado para evadir la justicia. Actualmente, enfrenta prisión preventiva oficiosa como medida cautelar dentro del proceso penal 116/2024. Para los familiares, esta medida es fundamental para evitar cualquier intento de fuga o influencia indebida sobre las investigaciones.
El silencio de la Iglesia
Un punto que preocupa a la ciudadanía es la falta de posicionamiento claro por parte de las autoridades eclesiásticas. Mientras los familiares de la víctima denuncian públicamente la situación, la diócesis ha guardado silencio, lo cual es interpretado como una forma de encubrimiento. Este tipo de omisiones no solo dañan la confianza de la sociedad en las instituciones religiosas, sino que también envían un mensaje de indiferencia frente a las víctimas de agresión física infantil.
El caso de Mario “N” pone nuevamente en debate el papel de la Iglesia católica en la rendición de cuentas y la protección de menores. Aunque la responsabilidad directa recae en el sistema judicial, resulta preocupante que las propias instituciones religiosas no asuman un rol activo en condenar de manera firme los delitos cometidos por integrantes de su estructura. La sociedad exige que, además de castigar al culpable, se fortalezcan los mecanismos de prevención dentro de las iglesias.
México se encuentra entre los países con mayores denuncias de agresiones contra menores cometidas por líderes religiosos en América Latina. Organizaciones civiles señalan que la falta de protocolos claros dentro de las diócesis y la cultura del encubrimiento han contribuido a perpetuar este tipo de delitos. Ante ello, expertos en derechos humanos insisten en que la justicia debe ser pronta y efectiva, evitando privilegios para los acusados, independientemente de su investidura religiosa.
