
Quito, Ecuador, 18 de junio de 2026.- El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, firmó un decreto que otorga inmunidad al personal extranjero que participe en las acciones contra bandas criminales dentro del marco del conflicto armado interno declarado en el país. Esta medida se basa en los instrumentos internacionales suscritos por Ecuador.
El decreto establece que el Estado ecuatoriano recibirá cooperación internacional para reforzar las operaciones destinadas a neutralizar las amenazas generadas por grupos dedicados al narcotráfico, minería ilegal y extorsiones. Estas acciones forman parte de la guerra que el gobierno declaró en enero de 2024 contra el crimen organizado.
De acuerdo con el documento oficial, el personal extranjero que colabore en estas operaciones gozará de inmunidad conforme a los acuerdos internacionales vigentes. Esta decisión busca facilitar la cooperación y garantizar la protección legal de los agentes extranjeros involucrados en las tareas de seguridad.
El contexto de esta medida responde al aumento de la criminalidad y la violencia que afectan a Ecuador, donde las mafias han incrementado sus actividades ilícitas. La colaboración internacional es vista como un recurso clave para fortalecer la capacidad del Estado en la lucha contra estas organizaciones.
En semanas recientes, el presidente Noboa visitó el Pentágono en Estados Unidos, donde destacó la cooperación bilateral en materia de seguridad. Esta visita refuerza el compromiso de ambos países para enfrentar conjuntamente las amenazas del crimen organizado.
Cooperación internacional en la lucha contra el crimen
La firma del decreto refleja la estrategia del gobierno ecuatoriano para integrar esfuerzos internacionales en la guerra contra las bandas criminales. La inmunidad otorgada facilitará la participación de expertos y fuerzas extranjeras en operaciones dentro del territorio nacional.
Implicaciones legales y operativas
La inmunidad reconocida se fundamenta en los instrumentos y acuerdos internacionales que Ecuador ha suscrito, lo que implica un marco legal para la acción conjunta. Esto podría incluir desde apoyo logístico hasta participación directa en operativos contra el crimen organizado.
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