14-Agosto-2025.-.La Asamblea Nacional de Nicaragua aprobó la Ley de Territorio Fronterizo, que convierte cualquier terreno, construcción o cuerpo de agua a menos de 15 kilómetros de las fronteras en propiedad del Estado nicaragüense. La normativa fue aprobada de forma rápida y sin consulta previa en comisión, generando cuestionamientos sobre su alcance y la manera en que se aplicará en la práctica. El gobierno asegura que la medida busca reforzar la soberanía, la integridad territorial y la seguridad frente a amenazas como narcotráfico, trata de personas y lavado de activos.
Implicaciones para la población y la economía
Aunque el objetivo declarado es proteger las fronteras, organizaciones opositoras y juristas advierten que la ley podría afectar derechos de propiedad y limitar actividades económicas en las zonas fronterizas. La franja abarca más de 12.000 km², casi una décima parte del país, y se extiende a lo largo de los 1.231 km de frontera terrestre con Honduras y Costa Rica. Esto podría impactar a miles de familias que viven o trabajan en esas áreas, además de generar incertidumbre sobre permisos, construcciones y explotaciones agrícolas o comerciales.
La medida también genera dudas sobre las intenciones políticas del gobierno copresidido por Daniel Ortega y Rosario Murillo. Algunos analistas señalan que, además de la seguridad, la ley podría usarse para controlar estratégicamente la movilidad, los recursos y el desarrollo económico en las zonas limítrofes, consolidando la presencia del Estado en áreas que antes dependían de propietarios privados o comunidades locales.
Desde el punto de vista legal, el cambio implica que cualquier negociación, venta o desarrollo en la franja fronteriza requerirá autorización estatal. Esto puede generar conflictos entre habitantes y el gobierno si no se establecen mecanismos claros de compensación o regulación, y abre un debate sobre la protección de derechos individuales frente a intereses estatales.
Un valor agregado es que la franja declarada estatal no solo abarca tierras sino también cuerpos de agua, lo que podría afectar el acceso a ríos y lagunas utilizados para pesca, riego y transporte por comunidades locales. Esto añade un componente ambiental y social al impacto de la ley, que hasta ahora no ha sido detallado públicamente por las autoridades.
<
