14 de Agosto 2025.- El Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a dos organizaciones criminales mexicanas, Cárteles Unidos y Los Viagras, junto con siete de sus líderes y operadores por vínculos con terrorismo, narcotráfico y extorsión a agricultores. Las acciones buscan frenar la violencia que estas redes generan en México y Estados Unidos, incluyendo asesinatos, tráfico de drogas y explotación de sectores agrícolas como el del aguacate y cítricos. La OFAC y el Departamento de Justicia colocaron un “precio” a sus cabezas a través de recompensas por narcóticos, mientras se acumulan acusaciones formales en cortes federales de Washington y Tennessee.
Entre los sancionados destacan Juan José Farías Álvarez, El Abuelo, líder de Cárteles Unidos, vinculado a asesinatos y tráfico de drogas, y otros operadores como Wicho, Poncho y El Kamoni, responsables de extorsión y reclutamiento de sicarios. Por Los Viagras, figuran El Gordo, La Sirena y El Bótox, involucrados en asesinatos, tráfico de drogas y extorsión a productores agrícolas. El Tesoro enfatizó que los cárteles buscan generar ganancias de sus esquemas violentos, explotando tanto el comercio legal como las economías ilícitas.
Impacto en la agricultura y economía local
Las investigaciones de la DEA y HSI señalan que Cárteles Unidos produce opioides sintéticos y mantiene una sangrienta disputa territorial con el Cártel Jalisco Nueva Generación en Michoacán, lo que desestabiliza comunidades enteras. Además, se acusa a estas organizaciones de reclutar mercenarios extranjeros para usar explosivos improvisados, provocando muertes de civiles y soldados mexicanos. Por su parte, Los Viagras han extorsionado a productores de aguacate, cítricos y ganaderos, obligando incluso a autoridades locales a pagar por servicios básicos bajo amenazas de muerte, afectando exportaciones y la economía regional.
El Tesoro también alerta sobre la implicación de los cárteles en la deforestación y apropiación de tierras, destinadas a cultivos ilícitos y agricultura controlada por estas organizaciones. Este tipo de prácticas no solo amplía sus ingresos, sino que provoca daños ambientales, pérdida de biodiversidad y desplazamiento de comunidades locales, mostrando cómo el crimen organizado impacta tanto la seguridad como el desarrollo sostenible en la región.
Expertos en seguridad y economía señalan que estas sanciones, aunque simbólicas y útiles para congelar bienes, necesitan ir acompañadas de cooperación binacional más fuerte y programas de desarrollo local. Sin estrategias complementarias —como fortalecimiento de la fiscalización, apoyo a productores afectados y reconstrucción de comunidades—, los cárteles pueden adaptarse y diversificar sus operaciones, manteniendo niveles altos de violencia y afectando la economía agrícola en el mediano plazo. La experiencia de años anteriores demuestra que solo la acción integral puede reducir el poder de estas redes.
