
14 AGOSTO 2025- NACIONAL- Durante una conferencia de prensa en la Cámara Alta, el coordinador de la bancada del PAN en el Senado, Ricardo Anaya, abordó el reciente escándalo en Estados Unidos sobre presuntos sobornos a PEMEX que involucran a dos empresarios, uno de ellos ex candidato panista al Gobierno de Campeche. Anaya estuvo acompañado por los legisladores Elías Lixa, Mayuli Latifa Martínez Simón y Enrique Vargas del Villar, quienes respaldaron su postura de que el caso debe investigarse a fondo, sin sesgos políticos.
Acusaciones y contexto político
El Departamento de Justicia de Estados Unidos señaló al empresario Ramón Alexandro Rovirosa Martínez, CEO de Roma Energy Holdings, y a Mario Alberto Ávila Lizárraga, ex candidato del PAN, por presuntos actos de corrupción vinculados a la paraestatal. Ante ello, Ricardo Anaya fue claro: “Que se aplique todo el peso de la ley, caiga quien caiga”. El dirigente panista acusó al gobierno federal y a Morena de contar solo “la mitad de la historia” y de omitir que funcionarios del sexenio de Andrés Manuel López Obrador también habrían estado implicados.
En su intervención, Anaya reiteró que si hay miembros del PAN involucrados, deben enfrentar las consecuencias legales. Sin embargo, subrayó que la justicia no debe aplicarse selectivamente y que la misma exigencia debe recaer sobre los presuntos responsables vinculados a Morena. “Esa es nuestra posición”, enfatizó.

Crítica a la estrategia de seguridad
El panista también aprovechó para criticar la política de seguridad del actual gobierno, particularmente la estrategia de “abrazos, no balazos”. Señaló que esta ha sido un fracaso absoluto y que ha permitido la expansión del crimen organizado. Propuso que México firme un tratado con Estados Unidos que establezca reglas claras para casos de extradición, cooperación y operativos conjuntos, de forma transparente y documentada.
Analistas jurídicos consultados señalan que este caso podría convertirse en un punto de inflexión para evaluar la cooperación bilateral en materia anticorrupción. Si las investigaciones en Estados Unidos logran documentar la red de vínculos entre empresarios y funcionarios mexicanos de diferentes partidos, se abriría la puerta a reformas que obliguen a mayor transparencia en contratos con empresas energéticas y paraestatales.