El gabinete de seguridad de Israel aprobó un plan para ocupar militarmente toda la Franja de Gaza, avanzando con una ofensiva que ya se extiende por más de 22 meses. El primer ministro Benjamin Netanyahu asegura que el objetivo no es mantener el control permanentemente, sino desmantelar a Hamás y establecer un perímetro de seguridad, para luego entregar la administración del enclave a fuerzas árabes aliadas.
El jefe del Estado Mayor, Eyal Zamir, alertó que una ofensiva a gran escala pondría en riesgo a los aproximadamente 20 rehenes israelíes que aún estarían con vida en Gaza y expondría a las tropas a una prolongada operación militar. Familias de cautivos también se manifestaron en contra, temiendo una escalada que condene a sus seres queridos.
La ocupación total amenaza con desplazar a cientos de miles de civiles. Expertos y organismos humanitarios advierten que un avance en barrios densamente poblados puede desencadenar más muertes, hambre y deterioro de la ya crítica situación en Gaza.
Aunque Netanyahu promete no anexar Gaza, la identidad del gobierno civil que asumiría el control sigue siendo incierta. Esta ambigüedad genera desconfianza y preocupación sobre la viabilidad política del plan.
La propuesta de Netanyahu no es nueva en la historia reciente del conflicto. Desde la retirada unilateral de Gaza en 2005, Israel ha evitado una reocupación directa. Sin embargo, los ataques de Hamás, el secuestro de rehenes y la creciente presión interna han revivido posturas que parecían enterradas. Analistas señalan que este plan marca un cambio drástico en la doctrina de seguridad israelí.
Mientras la ofensiva militar sigue avanzando, el destino de los rehenes israelíes se mantiene como una herida abierta. Grupos civiles, organizaciones internacionales y hasta miembros del gobierno han advertido que una operación militar “total” podría sellar el destino fatal de los cautivos. Las familias exigen respuestas claras, y acusan al gobierno de usarlos como “moneda de guerra”.
