Hace casi 40 años, Jenny Lisette Flores, una niña salvadoreña de 15 años, fue detenida en la frontera entre México y Estados Unidos mientras intentaba reunirse con su madre. Su caso originó un acuerdo legal que lleva su nombre y que, durante tres décadas, ha protegido a menores migrantes en custodia estadounidense. Sin embargo, la administración de Donald Trump está intentando desmantelar este marco de protección, lo que ha generado una gran polémica.
El Acuerdo Flores surgió después de que Flores y otras menores detenidas en condiciones precarias en un centro de detención en Pasadena, California, emprendieran una batalla legal junto a organizaciones de derechos civiles. Este acuerdo establece que los niños bajo custodia migratoria deben recibir atención básica, acceso a servicios médicos, educativos y legales, y no pueden permanecer detenidos más de 72 horas en instalaciones fronterizas antes de ser trasladados a albergues especializados.
El marco legal que protege a los menores migrantes
Desde entonces, el Acuerdo Flores se ha mantenido vigente, aunque con constantes desafíos y modificaciones. En 2015, una jueza federal extendió sus protecciones también a los menores que migran acompañados por sus padres, limitando su detención a un máximo de 20 días. Sin embargo, durante administraciones anteriores y la actual, ha habido intentos repetidos de reducir estas garantías, argumentando que incentivan la migración irregular.
En mayo de 2024, el Departamento de Justicia presentó una moción para eliminar definitivamente el Acuerdo Flores, alegando que dificulta la implementación de políticas migratorias estrictas y que muchas de sus disposiciones ya están codificadas en leyes y regulaciones. Por su parte, organizaciones defensoras de los derechos humanos han presentado contramociones y denuncian que eliminar este acuerdo sería un retroceso que pondría en riesgo la integridad y derechos de los menores migrantes.
Testimonios que muestran la realidad en los centros de detención
Los informes y testimonios recopilados por abogados y defensores describen condiciones duras y deshumanizantes en los centros de detención, con menores expuestos a tratos groseros, falta de acceso a agua potable limpia, frío intenso y espacio limitado. Denuncias como estas han sido clave para mantener el acuerdo, que permite inspecciones regulares a las instalaciones y monitoreo constante.
A pesar de los avances legislativos y las nuevas normativas, la implementación práctica sigue siendo un desafío. Sergio Pérez, director ejecutivo del Center for Human Rights and Constitutional Law, advierte que sin el Acuerdo Flores, se perdería un mecanismo crucial para garantizar transparencia y evitar abusos en los centros de detención, que actualmente son espacios inaccesibles para la supervisión pública.
Más allá de su importancia legal y humanitaria, el Acuerdo Flores representa un símbolo de la lucha por los derechos de los migrantes en Estados Unidos, especialmente en contextos de crisis humanitaria y conflictos en América Latina. Su posible eliminación refleja no solo un cambio en la política migratoria estadounidense sino también una tensión profunda entre seguridad nacional y derechos humanos. En este debate, se juegan no solo las condiciones de vida de miles de menores, sino también el compromiso de EE.UU. con sus propias normativas internacionales y éticas en materia de protección infantil.
