7 AGOSTO 2025- NACIONAL- El juez Brian Cogan, de la Corte Federal de Brooklyn, rechazó la solicitud de Joaquín “El Chapo” Guzmán para ampliar el contacto con su abogado, José Israel Encinosa. Cogan explicó que su tribunal no es la autoridad competente para modificar las condiciones de prisión del exlíder del Cártel de Sinaloa, actualmente recluido en la prisión de máxima seguridad de Florence, Colorado. Según indicó, la responsabilidad recae directamente en el Buró de Prisiones (BOP) o, en su defecto, en la Corte Federal del Distrito de Colorado.
La petición fue realizada mediante una carta manuscrita enviada el 15 de julio, en la que Guzmán reclamaba que, a pesar de la autorización para que Encinosa pudiera visitarlo, hablarle por teléfono y enviarle correspondencia, aún no se había materializado ninguna de estas comunicaciones. El juez enfatizó que cualquier solicitud de este tipo debe canalizarse a través de su abogado y no de manera directa por el propio interno.
Cogan fue claro al señalar dos razones para su decisión: primero, que la supervisión de las medidas carcelarias no es atribución de su Corte; segundo, que el acusado ya cuenta con un representante legal autorizado para actuar en su nombre. “Cualquier mitigación que busque debe ser a través del abogado que le representa”, puntualizó.
En su carta, El Chapo insistió en que el contacto con su abogado es “vital” para su defensa, reiterando que la comunicación telefónica y las visitas personales son esenciales para preparar cualquier estrategia legal futura. Sin embargo, el juez sostuvo que, incluso reconociendo la importancia de la representación, debe seguirse el conducto legal establecido.
Este episodio refleja un aspecto crítico del sistema penitenciario estadounidense: el aislamiento extremo que enfrentan los prisioneros de máxima seguridad, especialmente aquellos bajo el régimen ADX Florence, conocido como “la Alcatraz de las Rocosas”. Aunque se busca prevenir riesgos de fuga o coordinación criminal, organizaciones defensoras de derechos humanos han advertido que estas condiciones pueden limitar de forma excesiva el derecho a una defensa efectiva. El caso de Guzmán pone sobre la mesa el debate sobre hasta dónde puede llegar el aislamiento sin que se vulnere el debido proceso.
