7 de Agosto del 2025.- La reciente prohibición en Jumilla de realizar celebraciones religiosas, culturales y sociales en los polideportivos del municipio ha causado polémica a nivel nacional. La decisión afecta a eventos como el rezo de fin de Ramadán, organizado por la comunidad musulmana local. Sin embargo, el Partido Popular niega cualquier intención de señalar una religión en particular y sostiene que se trata de una modificación legal sin impacto ideológico.
El vicesecretario de Política Autonómica del PP, Elías Bendodo, defendió desde Marbella que la medida no menciona a ningún grupo religioso. Subrayó que el PP respeta todas las creencias y que la decisión fue tomada en el marco de la autonomía municipal. Bendodo aseguró que el partido «cumple con la Constitución» y recordó que el artículo 16 protege la libertad religiosa en España, haciendo hincapié en que el Estado es aconfesional.
La propuesta, que modificó una moción más agresiva de Vox, eliminó referencias explícitas a celebraciones musulmanas. Aunque la iniciativa original hablaba de “conflictos internos” y “erosión de la identidad nacional”, el PP optó por una versión más neutral. A pesar de esto, el contexto ha generado malestar, especialmente entre sectores que acusan a los populares de ceder ante posturas restrictivas disfrazadas de orden normativo.
Desde el Ayuntamiento de Jumilla se ha afirmado que la prohibición no vulnera la libertad de culto, ya que los colectivos pueden usar otras instalaciones municipales. Convivencia y respeto son las palabras más repetidas en su comunicado, donde recalcan que conviven pacíficamente 72 nacionalidades distintas en la localidad. La clave, según el gobierno local, es preservar los espacios deportivos para su función original, sin limitar los derechos fundamentales.
Jaime de los Santos, vicesecretario de Educación del PP, también respondió a las críticas asegurando que es “inaceptable” acusar al PP de xenofobia. Según él, es un intento de polarización por parte de otros partidos. De los Santos insistió en que el PP no señala a nadie por sus creencias y acusó al Gobierno de intentar utilizar esta controversia con fines políticos, mientras las instituciones deben garantizar orden sin caer en discursos de odio.
