30 de julio de 2025. – Tres adolescentes originarios de San Juan Chamula, Chiapas, fueron rescatados por autoridades tras ser víctimas de trata de personas en su modalidad de explotación laboral. El operativo, encabezado por la Fiscalía General del Estado en coordinación con la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad Ciudadana, también logró la detención de un hombre identificado como Mario “N”, probable responsable de los hechos.
Promesas falsas y condiciones inhumanas
De acuerdo con las primeras investigaciones, los menores fueron trasladados a Cancún bajo la promesa de recibir vivienda, alimentación y un empleo bien remunerado. Sin embargo, las autoridades encontraron que trabajaban en condiciones deplorables en una taquería, realizando jornadas de hasta 15 horas diarias que incluían preparar barbacoa, hacer salsas, atender clientes, cobrar y limpiar el establecimiento. Todo esto a cambio de un pago semanal de apenas 800 pesos, dinero que enviaban a sus familias en Chiapas.
Los cateos se realizaron en las Supermanzanas 66 y 67, donde se ubicaron a los adolescentes, de entre 14 y 15 años, quienes además no tenían la posibilidad de estudiar debido a las largas jornadas laborales. Este hallazgo pone de manifiesto una grave problemática: la vulnerabilidad de menores indígenas que son captados con engaños para realizar trabajos forzados lejos de sus comunidades.
El detenido enfrentará cargos graves
En el operativo fue detenido Mario “N”, quien quedó a disposición del Ministerio Público y podría enfrentar cargos por trata de personas con fines de explotación laboral. En los próximos días, las autoridades definirán su situación jurídica. De comprobarse su responsabilidad, podría recibir una condena ejemplar, ya que la trata de menores es considerada un delito grave en la legislación mexicana.
Actualmente, los tres adolescentes se encuentran bajo resguardo del DIF Municipal, donde reciben atención médica, psicológica y alimentación. Asimismo, la Fiscalía trabaja en conjunto con las autoridades de Chiapas para localizar a sus familias y garantizar su reintegración en condiciones seguras.
Este caso evidencia la necesidad urgente de reforzar los mecanismos de prevención y vigilancia para combatir la trata de personas en Quintana Roo, donde el crecimiento poblacional y el desarrollo turístico han abierto puertas a redes de explotación laboral. Expertos en derechos humanos señalan que, además de sancionar a los responsables, se deben crear políticas públicas más sólidas para proteger a comunidades vulnerables y evitar que niños y adolescentes caigan en estas redes.
