25 JULIO 2025- INTERNACIONAL- El gobierno de Estados Unidos ha comenzado oficialmente las deportaciones de migrantes desde el nuevo centro de detención «Alligator Alcatraz», una instalación ubicada en una pista aérea abandonada en los Everglades, Florida. La noticia fue confirmada este viernes por el gobernador Ron DeSantis, quien celebró la puesta en marcha de vuelos desde este punto, que ya ha expulsado a cientos de personas en situación irregular, según sus declaraciones.
El centro fue inaugurado el pasado 3 de julio y tiene capacidad inicial para 2,000 detenidos, con planes de ampliarse hasta los 4,000. DeSantis, acompañado por el director de la División de Manejo de Emergencias de Florida (FDEM), Kevin Guthrie, señaló que el lugar está diseñado para agilizar las deportaciones utilizando su pista aérea operativa tanto de día como de noche. Aseguró además que la infraestructura permitirá “retener, procesar y expulsar a personas ilegales” más eficientemente.
Activistas denuncian trato inhumano en el centro
El nuevo centro, apodado por sus críticos como “jaula para perros”, ha provocado una fuerte reacción por parte de organizaciones defensoras de los derechos humanos. Activistas y familiares de migrantes detenidos han reportado condiciones que califican de “inhumanas y peligrosas”, mencionando incluso seis hospitalizaciones desde su apertura. La alcaldesa del condado de Miami-Dade, Daniella Levine Cava, ha exigido inspecciones inmediatas y acceso total al sitio para verificar su funcionamiento.
En una carta enviada al FDEM, la alcaldesa expresó su preocupación por la falta de transparencia y por los reportes que llegan desde el interior del recinto. “No se trata solo de migración, se trata de humanidad”, indicó en declaraciones a medios locales. Esta situación intensifica el debate sobre el respeto a los derechos humanos en los procesos de detención y deportación dentro del país.
Un punto clave a considerar es que esta instalación opera bajo una lógica acelerada de juicios migratorios. DeSantis adelantó que elementos de la Guardia Nacional asumirán funciones judiciales, algo que ha generado preocupación en sectores legales que advierten sobre posibles violaciones al debido proceso. Diversos expertos coinciden en que la urgencia por deportar puede estar afectando las garantías básicas que establece la legislación migratoria.
