
22-Julio-2025.-Arranca curso de inducción para fortalecer el nuevo modelo de convenio judicial
Quintana Roo se convirtió en el primer estado del país en concretar un convenio judicial con las nuevas juezas y jueces de Primera Instancia electos en el reciente proceso de elección del Poder Judicial. La gobernadora Mara Lezama, junto al Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia, Heyden Cebada Rivas, encabezó el acto, calificándolo como un paso hacia una justicia más humana y con enfoque social.
Durante el evento también dio inicio el Curso de Inducción para 105 juzgadoras y juzgadores, como parte de una estrategia para garantizar una formación sólida y responsable. El grupo está compuesto por 52 participantes de Cancún, 28 de Chetumal, 14 de Playa del Carmen y 11 más que se conectaron de manera virtual desde otros municipios del estado.
La gobernadora Lezama celebró que esta nueva generación de impartidores de justicia fue electa por la ciudadanía en una jornada histórica, y aseguró que el convenio judicial será la base para consolidar una verdadera justicia social. Afirmó que este modelo permitirá estrechar la relación entre las instituciones judiciales y la sociedad, y fortalecer la confianza ciudadana en el sistema.

Por su parte, el magistrado Heyden Cebada explicó que el convenio representa un avance en la mejora continua del sistema judicial y refuerza la visión compartida entre los poderes del estado. Destacó que el enfoque es claro: justicia con equidad, paz duradera y prosperidad compartida. Subrayó también que la colaboración entre instituciones es clave para lograrlo.
Esta iniciativa forma parte de un cambio estructural sin precedentes en el país, al ser la primera vez que se elige por voto popular a juezas y jueces. Organismos de la sociedad civil han señalado que, aunque se trata de un paso progresista, también representa un reto en términos de capacitación y vigilancia del desempeño de estos funcionarios. De ahí la importancia de implementar programas de formación continua como los ofrecidos por la Universidad Judicial, que aseguren criterios sólidos y éticos en cada sentencia.

Como parte del acuerdo firmado, se creará una Comisión Técnica encargada de ejecutar el convenio e implementar programas integrales de formación, actualización y seguimiento para las y los impartidores de justicia, con el fin de reforzar su preparación y garantizar una administración judicial realmente accesible y socialmente responsable.