
En una histórica declaración conjunta emitida el 21 de julio de 2025, veinticinco países, incluidos Reino Unido, Francia, España, Italia, Japón y Canadá, han exigido el cese inmediato de las hostilidades en Gaza, tras las alarmantes muertes de más de 800 palestinos en puntos de distribución de ayuda humanitaria. La ONU ha confirmado que al menos 674 de estas víctimas fueron abatidas cerca de las instalaciones de la Fundación Humanitaria de Gaza, respaldada por Israel y Estados Unidos.
Los firmantes han calificado el modelo de entrega de ayuda implementado por el gobierno israelí como «peligroso», «deshumanizante» y «fuente de inestabilidad». Además, han denunciado que la negativa de Israel a proporcionar asistencia humanitaria esencial a la población civil es «inaceptable» y contraviene el derecho internacional.
El comunicado también solicita la liberación de los rehenes «cruelmente detenidos» por Hamás desde el ataque del 7 de octubre de 2023 y expresa su firme oposición a cualquier iniciativa destinada a modificar la demografía o el territorio en los territorios palestinos ocupados.
La respuesta de Israel ha sido contundente: el Ministerio de Asuntos Exteriores calificó la declaración de «desconectada de la realidad» y advirtió que podría enviar un «mensaje erróneo» a Hamás. Además, el embajador de Estados Unidos en Israel, Mike Huckabee, calificó la postura de los países firmantes como «repugnante».
Mientras tanto, las fuerzas israelíes han lanzado una nueva ofensiva terrestre en Deir al Balah, una de las pocas zonas urbanas de Gaza aún no invadidas, lo que ha provocado la muerte de al menos tres personas y el desplazamiento de más de 1.000 familias. La ONU ha informado que casi el 88% del territorio de Gaza está bajo órdenes de evacuación o se ha militarizado, obligando a 2,1 millones de civiles a concentrarse en solo el 12% del territorio.
Esta declaración conjunta marca un punto de inflexión en la postura internacional hacia el conflicto en Gaza, evidenciando una creciente presión diplomática sobre Israel para que ponga fin a la violencia y permita el acceso humanitario sin restricciones. Sin embargo, la ausencia de países clave como Estados Unidos y Alemania en la lista de firmantes subraya las divisiones persistentes en la comunidad internacional respecto a la crisis.