18 de Julio del 2025.- Tres predios en Quintana Roo fueron expropiados para avanzar con los trabajos del Tren Maya. Así lo informó el Gobierno Federal tras publicar en el Diario Oficial de la Federación (DOF) un nuevo decreto que abarca terrenos en cuatro estados del sureste del país. En el caso del estado, dos terrenos están en el municipio de Tulum y uno más en Puerto Morelos, todos destinados a continuar con la construcción de los tramos 1, 2, 3, 4 y 6 del proyecto ferroviario.
El decreto detalla que, en total, se expropiarán 234 mil 291.03 metros cuadrados distribuidos entre 26 inmuebles de propiedad privada. Aunque esta cifra incluye estados como Campeche, Chiapas y Yucatán, Quintana Roo se mantiene como una de las entidades clave para el desarrollo del megaproyecto. Esta acción incluye no solo el terreno como tal, sino también cualquier construcción o instalación que se encuentre dentro del área declarada.
En Puerto Morelos, se trata de un polígono de apenas 111.95 metros cuadrados, mientras que en Tulum se trata de dos predios: uno de 388.81 metros cuadrados y otro de 719.45. Aunque las superficies pudieran parecer pequeñas frente al total del proyecto, su ubicación estratégica es lo que más preocupa a algunos habitantes y expertos, que temen por el impacto ambiental y la falta de transparencia en el proceso de consulta a las comunidades.
Además del decreto de expropiación, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) emitió una declaratoria de utilidad pública sobre otros 44 mil 447.31 metros cuadrados en total. Estos también corresponden a 26 predios de propiedad privada repartidos en los mismos cuatro estados. En Quintana Roo, se agregan 2 mil 323.01 metros cuadrados en Playa del Carmen, 961.73 en Othón P. Blanco y 2 mil 999.96 en Bacalar, lo que incrementa aún más la superficie comprometida al proyecto.
Los afectados tienen derecho a inconformarse, aunque solo disponen de 15 días hábiles a partir de la notificación o de la segunda publicación en el DOF para presentar sus pruebas ante la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Sedatu. No obstante, en la mayoría de los casos, los dueños apenas se enteran cuando la maquinaria ya está cerca. Este tipo de procedimientos, aunque legales, generan una sensación de imposición, sobre todo en comunidades que no han sido debidamente informadas ni escuchadas.
Aunque el decreto asegura que la expropiación será compensada, organizaciones civiles han señalado que muchos de los avalúos no corresponden al valor real de los terrenos, especialmente en zonas de alto valor turístico como Tulum. Además, no se ha informado con claridad cómo se protegerán los ecosistemas que cruzan estos predios. Expertos ambientalistas han advertido que sin estudios de impacto ambiental actualizados y rigurosos, estos avances podrían generar daños irreversibles en la biodiversidad del estado, que forma parte de la Selva Maya, uno de los pulmones verdes más importantes del continente.
