18 DE JULIO-El canciller Juan Ramón de la Fuente explicó que el gobierno mexicano no tiene facultades jurídicas para presentar una demanda formal por la muerte de Jaime Alanís García, quien perdió la vida tras caer de una estructura durante una redada migratoria en Ventura, California. No obstante, aseguró que el Consulado mexicano brindó asesoría legal para que la familia pudiera iniciar una demanda en Estados Unidos.
Jaime Alanís, originario de Huajúmbaro, Michoacán, trabajaba en una granja de cannabis cuando agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) realizaron un operativo el pasado 10 de julio. En su intento por escapar, cayó desde una altura de nueve metros. Dos días después, tras ser diagnosticado con muerte cerebral, su familia tomó la dolorosa decisión de desconectarlo del soporte vital.
La familia del michoacano lanzó una campaña en la plataforma GoFundMe con el fin de repatriar su cuerpo y cubrir los gastos funerarios. Lograron reunir 167 mil 986 dólares, equivalentes a 3.2 millones de pesos. Los fondos también ayudarán a sostener a su esposa e hija, quienes dependían económicamente de él. Su sobrina, Yesenia Durán, recalcó que, además de despedirlo dignamente, la prioridad es exigir justicia.
Desde México, el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla informó que se mantiene comunicación constante con los familiares de Jaime Alanís a través del cónsul en Oxnard, Ricardo Santana Velázquez. Además, aseguró que se está brindando respaldo legal y emocional para facilitar la repatriación y acompañar el proceso judicial si así lo decide la familia.
La Secretaría de Relaciones Exteriores reiteró su compromiso a través del Programa de Asesorías Legales Externas (PALE), con el cual se busca asegurar que los derechos de los migrantes mexicanos sean respetados, aun en situaciones críticas como esta. Aunque no puede actuar directamente en los tribunales estadounidenses, la Cancillería respalda cada paso de la familia en la búsqueda de justicia.
De acuerdo con organizaciones de derechos humanos, este tipo de incidentes se ha vuelto más frecuente en operativos migratorios en los últimos años. Documentos de la ACLU y el Migration Policy Institute indican que muchas de estas redadas migratorias se realizan sin suficiente protocolo de seguridad en lugares laborales, lo que pone en riesgo a trabajadores, especialmente en industrias como la agrícola o de construcción. La falta de regulaciones claras y mecanismos de supervisión independientes ha sido una crítica constante hacia ICE. Por ello, este caso podría sentar un precedente en los tribunales si se logra demostrar negligencia institucional.
