La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), bajo el liderazgo de Iván Escalante Ruiz, ha causado revuelo al confirmar que diputados y militantes del partido Morena habrían ejercido presión para detener procesos de sanción contra establecimientos irregulares. Sin embargo, después de que la presidenta Claudia Sheinbaum instara a Escalante a revelar sus identidades, el procurador ha decidido mantener dichos nombres en reserva por ahora.
Escalante relató que todo comenzó cuando, durante operativos rutinarios realizados por la Profeco, se detectaron anomalías en una gasolinera, seguida de evidencias más contundentes en un “hotel muy fifí”: precios en dólares, cargos ocultos, condiciones insalubres e incluso cucarachas en la cocina.Tras emitir los sellos de suspensión, recibió llamadas de al menos cuatro integrantes del movimiento morenista, cada vez de mayor jerarquía, solicitando intervenir para frenar esas acciones.
Al percatarse de que la presión escalaba, Iván Escalante optó por informar personalmente a la presidenta Sheinbaum, quien respaldó su actuación y le dio total libertad para continuar aplicando la ley sin miramientos. La mandataria subrayó que su administración no tolera el tráfico de influencias y que corresponde a la Profeco decidir si se revelan los nombres o no.
Aunque Sheinbaum reafirmó que “no puede haber tráfico de influencias de ningún tipo” y recalcó que ni familiares ni allegados deben intervenir en decisiones oficiales, la decisión final recae en Escalante, quien ha optado por proteger la identidad de los presuntos involucrados, al menos por ahora.
Este episodio pone sobre la mesa la fragilidad del control interno y la importancia de fortalecer los mecanismos que garanticen la autonomía técnica de las instituciones. La Profeco, equipada con “dientes” según Escalante, enfrenta el desafío de mantener su integridad frente a presiones políticas, mientras los ciudadanos exigen transparencia y sanciones firmes ante la corrupción.
