17-jULIO-2025.-Un juez federal ha ordenado la demolición de un complejo inmobiliario en Bahía Solimán, Tulum, por incumplir con la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) y otros requisitos legales, lo que destapó presuntos actos de corrupción en el otorgamiento de permisos municipales. El caso involucra a Lorenzo Miranda, director de Desarrollo Urbano, señalado por supuestas irregularidades y nexos con desarrolladores.
La organización civil Defendiendo el Derecho a un Medio Ambiente Sano (DMAS) promovió el amparo 952/2024, que resultó en la anulación de la licencia y la orden judicial para regresar el predio a su estado original. El proyecto, denominado “Maiim”, incluyó
Pese a la evidencia, Lorenzo Miranda se mantiene en el cargo, presuntamente protegido por David Maneses “Fili” Tah Balam, primer regidor y fundador de Morena en Tulum. Empresarios y desarrolladores afectados acusan al funcionario de extorsión y venta de permisos falsos, mientras que el alcalde Diego Castañón ha sido señalado por encubrir las irregularidades. Incluso, se le atribuye a Miranda haber facilitado la instalación ilegal de un transformador eléctrico en invasiones, lo que constituye un delito federal.
El escándalo no solo revela presuntos actos de corrupción, sino también un esquema repetitivo: empresas inician obras sin autorización y funcionarios las “legalizan” a cambio de sobornos millonarios o favores. El caso genera preocupación porque exhibe cómo los intereses privados y la complicidad gubernamental atentan contra la ley y el medio ambiente en Tulum, destino turístico de renombre internacional.
Además de estas irregularidades, trascendió que el funcionario señalado tiene antecedentes como demandas por pensión alimenticia y presunta relación con el llamado “Cártel del Despojo”, bajo la carpeta 8144/2022. Esto incrementa la presión social para que sea destituido y llevado ante la justicia. Sin embargo, hasta ahora, la falta de acciones concretas mantiene la percepción de impunidad.
Expertos en derecho ambiental consideran urgente la implementación de mecanismos de vigilancia más estrictos y la creación de un observatorio ciudadano que supervise las licencias de construcción en Tulum. Sin transparencia y sanciones efectivas, advierten, el destino corre el riesgo de perder su riqueza natural y credibilidad como paraíso sustentable.
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