Estambul, 17 de julio de 2025 — La justicia turca emitió una nueva condena contra uno de los principales líderes de la oposición, Ekrem İmamoğlu, actual alcalde de Estambul y potencial candidato presidencial del Partido Republicano del Pueblo (CHP). Este miércoles, un tribunal penal lo sentenció a un año y ocho meses de prisión tras encontrarlo culpable de insultar y amenazar al fiscal jefe de Estambul, Akin Gurlek, por unas declaraciones realizadas en enero pasado.
La decisión judicial ha provocado una nueva oleada de críticas dentro y fuera del país, intensificando el debate sobre la independencia del poder judicial turco y la creciente presión que enfrentan las figuras opositoras en un contexto político altamente polarizado.
La condena se basa en unas declaraciones que İmamoğlu pronunció el 20 de enero de este año, durante una conferencia de prensa en la que acusó al fiscal Gurlek de actuar con motivaciones políticas al reabrir investigaciones en su contra y contra otros funcionarios opositores. Según la fiscalía, esas expresiones constituían una amenaza directa y una falta de respeto hacia una autoridad judicial.
Aunque fue absuelto de un segundo cargo relacionado con la “identificación pública intencionada” del fiscal en cuestión, el tribunal decidió avanzar con la condena principal por insultos, considerando que los comentarios de İmamoğlu excedían los límites del discurso político legítimo.
Este nuevo fallo se suma a una serie de causas judiciales abiertas contra İmamoğlu, algunas de las cuales datan de su primer mandato como alcalde de Estambul, la ciudad más grande del país. Entre los cargos más graves que enfrenta se incluyen corrupción, abuso de poder y presuntos vínculos con el Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK), considerado una organización terrorista por el gobierno turco.
Ekrem İmamoğlu, una figura cada vez más influyente dentro del CHP y una de las pocas que ha logrado derrotar electoralmente al oficialismo en los últimos años, ha negado rotundamente todas las acusaciones en su contra. A través de sus abogados, anunció que apelará la sentencia y reiteró que el proceso judicial es parte de una estrategia del gobierno de Recep Tayyip Erdogan para deshabilitarlo políticamente.
Su arresto en marzo de 2025 —tras ser acusado de cargos vinculados a corrupción y terrorismo— generó una de las mayores movilizaciones ciudadanas en Turquía desde las protestas de Gezi en 2013. Cientos de miles de personas salieron a las calles de Estambul, Ankara y otras ciudades en defensa del alcalde, enarbolando pancartas que denunciaban la “judicialización de la política”.
Organismos internacionales como Amnistía Internacional y Human Rights Watch han expresado su preocupación por la falta de garantías procesales y la aparente utilización del sistema judicial para acallar voces críticas del gobierno.
Esta nueva sentencia no es un hecho aislado. En diciembre de 2022, İmamoğlu ya había sido condenado a dos años y seis meses de prisión por “insultar a funcionarios públicos”, luego de haber criticado abiertamente a la Junta Electoral Suprema (YSK) tras la anulación de su primera victoria electoral en 2019. Esa causa, todavía pendiente de resolución en apelación, ya lo había dejado en una situación judicial delicada.
En paralelo, la Universidad de Estambul —donde İmamoğlu obtuvo su título universitario en administración pública— informó en mayo de este año que su diploma fue anulado por supuestas irregularidades en el proceso académico, lo que ha alimentado las sospechas de que se trata de una maniobra para impedir su postulación a cargos públicos, ya que la ley turca exige un título universitario para ejercer la presidencia.
Pese a todos estos obstáculos, el CHP confirmó recientemente que İmamoğlu sigue siendo su candidato presidencial oficial para las próximas elecciones generales, previstas para 2028, aunque no se descarta un adelanto electoral. Su candidatura es considerada una de las pocas con capacidad real de derrotar a Erdogan, quien gobierna Turquía desde 2003, primero como primer ministro y luego como presidente desde 2014.
Sin embargo, si las condenas actuales son ratificadas por los tribunales de apelación y el Tribunal Supremo, İmamoğlu podría quedar legalmente inhabilitado para presentarse a elecciones, lo que modificaría drásticamente el mapa político del país.
La comunidad internacional ha seguido de cerca los últimos acontecimientos. La Unión Europea ha manifestado su “preocupación por el deterioro del Estado de derecho en Turquía”, mientras que Estados Unidos ha exhortado a Ankara a garantizar un sistema judicial “libre de presiones políticas”.
En Turquía, la condena ha exacerbado la división entre los simpatizantes del oficialismo —que defienden la actuación independiente de los tribunales— y quienes ven en las decisiones judiciales una clara instrumentalización del poder judicial con fines políticos.
